El problema de la delincuencia en México suele medirse en términos de las víctimas de un delito, en determinado espacio y periodo. Sin embargo, no podemos olvidar que las consecuencias de estos delitos suelen afectar el bienestar económico, social y emocional, no solo de aquellos que lo sufren, pues también existen repercusiones directas para las familias y/o hogares.

En este sentido, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015, en 2014 de los 32.5 millones de hogares (1) en México, en el 33.2% de ellos (10.8 millones) al menos uno de sus integrantes fue víctima de algún delito, de donde se desprende que las cinco entidades con mayores porcentajes de hogares con víctimas de delitos fueron Estado de México (53.2%), Distrito Federal (45.6%), Baja California (42.4%), Jalisco (36.9%) y Guanajuato (36.7%).

Al comparar los datos de 2014 respecto a los de 2010 puede observarse una reducción en 2014, de 2.8 puntos porcentuales, pero en términos absolutos no hubo cambios dado que según la ENVIPE 2011, para el año 2010 de los 29.98 millones de hogares que existían, en 10.79 millones se registró al menos una víctima. En tanto que las entidades con mayores porcentajes de hogares que fueron víctimas de delitos en 2010 fueron: Distrito Federal (51.3%), Chihuahua (48.3%), Estado de México (45.2%), Aguascalientes (44.7%) y Quintana Roo (42.1%), lo que permite observar una redistribución geográfica de la incidencia de los delitos por hogares, pero no así una disminución real.

La violencia e inseguridad en el país han provocado que los hogares adopten diferentes medidas para evitar ser víctimas de la delincuencia, tales como colocar rejas o bardas, cambiar puertas o ventanas y realizar acciones conjuntas con sus vecinos entre otras medidas. Al respecto, la ENVIPE 2011 señala que en 2010 el 34% (10.18 millones) de los hogares en México contaba con alguna medida de protección; mientras que, en 2014 el porcentaje creció al 41.8%, equivalente a 13.58 millones de hogares en el país, un aumento absoluto de aproximadamente 33%. En donde las medidas de seguridad más utilizadas por los hogares fueron cambiar o colocar cerraduras y/o candados y colocar rejas o bardas.

Hogares en México con medidas de protección para evitar ser víctimas de la delincuencia, 2010 y 2014

Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2011 y 2015

Uno de los delitos de alto impacto relacionado con las principales medidas de seguridad implementadas por los hogares, es el robo a casa habitación, y que según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en términos nacionales presentó su máximo histórico en 2011 con 118 421 casos, desde entonces este ha seguido una tendencia a la baja hasta llegar a 2015 a 87 295 casos, una reducción de 26.28%, y que de seguir la tendencia observada en los primeros siete meses de 2016 seguirá reduciéndose.

No obstante, pese a esta importante disminución en términos nacionales, el análisis de los datos a nivel estatal muestra comportamientos desiguales, particularmente en Sonora y Chiapas, pues mientras que a nivel nacional la mayor parte de estos delitos son cometidos sin violencia (88.68% de enero a julio de 2016), en estas dos entidades los robos a casa habitación son cometidos de forma más frecuente con violencia (66.52% en Chiapas y 60.32% en Sonora). Además, para el caso particular de Sonora la tendencia de los robos a casa habitación desde inicios de 2016 se ha incrementado exponencialmente pasando de un promedio de menos de 150 casos mensuales de 2010 a 2015 a un máximo histórico en julio de 2016 de 591 carpetas de investigación. Lo que nos hace preguntarnos acerca de las medidas y estrategias que han tomado los gobiernos de estas entidades para tratar de reducir este delito que violenta gravemente la seguridad y bienestar de sus hogares y familias.

Resultado de estos cambios geográficos en los delitos y del incremento drástico de la violencia e inseguridad en determinadas zonas del país muchas familias han optado por cambiar de vivienda o lugar de residencia de manera planificada o de forma abrupta para protegerse de la delincuencia, al respecto la ENVIPE 2015 señala que en 2014, 385 245 hogares (1.2% del total) cambiaron de residencia por este motivo y al dividirlos por regiones del país, la zona occidente comprendida por los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas fue en donde se registraron más movimientos con un acumulado de 103 841 hogares, es decir, el 27.10% del total nacional; seguida de la región noreste (Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas) con 55 222 hogares desplazados.

Hogares que cambiaron de vivienda o lugar de residencia ya sea de manera planificada o abrupta para protegerse de la delincuencia por regiones, 2014

Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2015.

Estos cambios de residencia por la inseguridad y la violencia pueden ser locales, estatales e inclusive internacionales, y particularmente los realizados de manera abrupta hacia otras estados o países, pueden llegar a provocar series problemas en las familias, desde problemas de integración en los mercados laborales a los que emigran, dificultando su acceso a empleos e ingresos suficientes, hasta problemas de integración social al interior de las familias y de las comunidades.

Por tanto, las políticas de seguridad desarrolladas por los tres niveles de gobierno deben incluir indicadores sobre las familias y/o hogares, dado que la delincuencia en el país no solo afecta a las personas de forma individual, también tiene graves repercusiones para los hogares, llegando a modificar sus comportamientos y estrategias familiares para hacer frente a los problemas de violencia e inseguridad a los que son expuestas diariamente. Por lo que el gobierno debe tomar en cuenta lo anterior, para desarrollar políticas integrales que prevengan y reparen los daños de la delincuencia en nuestros hogares, en problemas tan graves como el desplazamiento forzado de familias por la violencia criminal.

Nota:

  • La ENVIPE define al hogar como al conjunto de personas unidas o no por parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda particular y se sostienen de un mismo gasto para la alimentación. Pudiendo existir más de un hogar por vivienda.

Referencias:

  1. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2011). Tabulados básicos. VI. Caracterización del delito en los hogares. Disponible en:  http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?s=est&c=28009
  2. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2015). Tabulados básicos. VII. Caracterización del delito en los hogares (estimaciones). Disponible en:  http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabgeneral.aspx?c=33724&s=est
  3. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2016). Incidencia delictiva del fuero común. Estatal 1997-2016. (20 de agosto de 2016) Disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php

Oscar Rodríguez Chávez

Observatorio Nacional Ciudadano

@RdCh85 @ObsNalCiudadano

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