¿Quién protege a los alcaldes?

Durante el pasado fin de semana dos alcaldes, uno de Guerrero y otro de Chiapas fueron asesinados en nuestro país. La muerte de estos dos presidentes municipales se suma a las más de 70 muertes registradas en la última década.

A pesar de que Ambrosio Soto Duarte, alcalde de Pungarabato en Guerrero,­ contaba con protección federal, fue baleado en una emboscada la noche del sábado 23 de julio en Michoacán cuando se trasladaba de regreso a Ciudad Altamirano, cabecera municipal. Los policías que lo custodiaban resultaron heridos, en tanto que en el ataque también resultó muerto su chófer.

También el sábado en Chiapas, fue asesinado el presidente municipal de San Juan Chamula durante un tiroteo en el que murieron otros cuatro funcionarios del Ayuntamiento, resultando heridas otras 12 personas.

Ante estos hechos cabe preguntarnos si vale la pena arriesgar la vida para ejercer un cargo político en estados como Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas o Guerrero.

Esta violencia no distingue afiliación partidista, pues en los registros hay alcaldes asesinados del PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, sin partido, e, inclusive, alcaldes electos por usos y costumbres.

En una interesante y exhaustiva investigación publicada en este medio[1], se da cuenta de que esta violencia alcanza, no sólo a los políticos en funciones, sino también, a quienes han dejado el cargo, candidatos y familiares, contabilizando de enero de 2005 a enero de 2016, un total de 178 víctimas que van desde: alcaldes asesinados, alcaldes desaparecidos, alcaldes suplentes, familiares asesinados, candidatos a alcalde, hasta ex alcaldes asesinados

Algunos casos:

Gisela Mota: candidata electa al municipio de Temixco:  Asesinada al segundo día de tomar posesión del cargo. Hechos ocurridos el 2 de enero de 2016. “Un comando armado ingreso de forma violenta a la casa de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, quien fue sacada de su habitación con todos sus familiares y asesinada en la puerta de su domicilio. Otras dos personas fueron acribilladas en la entrada de la casa, y se desconoce hasta el momento si los cuerpos son parte del comando que llegó a ejecutarla o de sus escoltas que la esperaban para iniciar su segundo día d actividades Familiares de la alcaldesa y funcionarios que la acompañaron en su campaña llegaron hasta la calle Lázaro Cárdenas donde se encuentra el domicilio de la ex diputada federal, mismo en el que vive toda su familia originaria de esta comunidad.”[2] La alcaldesa fue alcanzada por la violencia en la puerta de su casa.  Prometió atacar al narco e implementar el mando único.

Otro caso, el de Rogelio Sánchez: Jerécuaro, Guanajuato:[3]

El 23 de junio de 2015, el alcalde electo de Jerécuaro postulado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Rogelio Sánchez Galán fue asesinado por un grupo armado. Rogelio Sánchez fue ejecutado junto a dos de sus colaboradores en las inmediaciones de la comunidad de Enredadoras, cerca de una terminal de camiones. El asesinato ocurrió después de las 20 horas y todavía a las 22:30 horas, peritos, policías ministeriales y agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) continuaban investigando el homicidio. En la zona fue implementado un dispositivo de seguridad para tratar de localizar a los responsables del triple asesinato. El Ministerio Público, en su momento, dijo desconocer el móvil del asesinato mientras recababa información para formular las primeras líneas de investigación. El alcalde electo había prometido que cuando tomará protesta, propondría ante el Ayuntamiento, que los cargos de presidente, síndico y regidores fueran honoríficos y no cobrarán sueldo por su trabajo. En la administración 2009-2012, Rogelio Sánchez fue alcalde de Jerécuaro por el Partido Acción Nacional (PAN) y en abril del 2012 se adhirió a las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido que lo postuló como candidato a diputado federal. El municipio de Jerécuaro tiene una población de 50 mil habitantes y colinda al sureste con Michoacán y al noreste con Querétaro. El Comité Estatal del PVEM no emitió una postura sobre el homicidio de su alcalde electo. El pasado 8 de marzo de 2016 se dio la noticia de la detención de uno de los presuntos homicidas en el estado de Tlaxcala.[4]

El pasado 23 de abril, Juan Antonio Mayén Saucedo, alcalde Jilotzingo, en el Estado de México, fue asesinado a balazos. El Gobierno estatal confirmó que los agresores dispararon al auto en el que viajaba y mataron también a sus dos escoltas: Carlos Magallán y Omar Calzada, que era también subdirector de seguridad del municipio. Dos policías que viajaban en una patrulla detrás resultaron heridos, uno de ellos muy grave. La Fiscalía estatal investiga la relación del edil con los grupos de narcotraficantes que operan en la zona. En la zona del ataque fueron encontrados más de 100 casquillos de bala.[5]

La Asociación Nacional de Alcaldes ha pedido que se desarrolle y se emita un Protocolo de Protección para Alcaldes que trabajen en zonas de riesgo o bajo amenazas, con el fin de que se pueda brindar auxilio a los afectados. Propone elaborar una base de datos más completa sobre los ataques y riesgos que corren los presidentes municipales, la cual deberá incluir indicadores como amenazas previas, homicidios ya registrados y la eventual presencia del crimen organizado en los territorios de cada una de las alcaldías.

La Asociación ha elaborado un mapa de riesgo para el trabajo de alcaldes y presidentes municipales con base al número de homicidios que se han registrado en cada una de las 32 entidades federativas. Según esta clasificación, los estados de riesgo muy alto para los ediles son Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, entidades que están marcadas por la presencia del crimen organizado. Los estados que se consideran de riesgo alto son Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas. En riesgo de moderado a bajo, se encuentran los estados de Coahuila, Morelos, San Luis Potosí, Puebla y Zacatecas.[6]

Desde el Observatorio Nacional Ciudadano nos solidarizamos con las familias de las víctimas y hacemos un llamado a las autoridades para la implementación de protocolos que aseguren la integridad de quienes deciden tomar un cargo en las administraciones municipales, que son las más próximas a la ciudadanía.

Mariana Cendejas

Directora de Vinculación

Observatorio Nacional Ciudadano

@MarianaCendejas @ObsNalCiudadano