Taxco, La Barca, Cristóbal Colón, Cocula, San Fernando, Cadereyta, Tumbiscatío, Emiliano Zapata, Tingüindín, Cosamaloapan, Tlamanalco, Zapopan, Apatzingán, El Fuerte, Iguala, Ahome, Praxédis G. Guerrero, Pénjamo, Tijuana, Ciudad Juárez, Padilla, Anáhuac, Coatzacoalcos y Saltillo son algunos de los municipios del país donde han sido encontradas fosas clandestinas durante los últimos ocho años.

Ante esta realidad, personajes como Javier Sicilia ha declarado que “el país es una gran fosa común”. Esta afirmación podría parecer exagerada o adecuada para contextos de guerra. Sin embargo, esta expresión, que también han retomado varios familiares de personas desaparecidas, defensores de derechos humanos y periodistas, cada vez parece más certera. Para una mejor comprensión de este tema, les invitamos a consultar nuestro estudio titulado Homicidio: Una mirada a la violencia en México, de consulta libre en la página del ONC:

Protocolos forenses

En la Región de los Cinco Manantiales de Coahuila está ubicado el municipio de Allende. Dicho municipio adquirió fama mundial por haber sido, probablemente, lugar de una las masacres más grandes de este período de violencia. Reportes extraoficiales mencionan que al menos 300 personas fueron secuestradas, asesinadas y cremadas o disueltas en ácido por Los Zetas en venganza por el robo de un cargamento de 800 kg. de cocaína. En un acto sin precedentes, tanto autoridades federales como estatales mantuvieron en secreto el acontecimiento durante tres años hasta que en 2014 algunos escabrosos detalles de la masacre salieron a la luz. Como respuesta, el gobernador Rubén Moreira ordenó un masivo operativo en la zona. En notas de prensa se dice que en él participaron policías de todas las corporaciones, pero pocos agentes periciales. La cadena Univisión sacó un video sobre el operativo donde se pueden ver varios periodistas caminando sobre la escena del crimen y al equipo de búsqueda usando un gran trascabo para las exhumaciones.

Después de ver el video, la asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) se inconformó y se retiró de las mesas de trabajo que tenían con el Gobierno de Coahuila. Argumentaron que en el operativo no se habían aplicado los protocolos adecuados y que esto había ocasionado que se perdiera evidencia.

Ante el alarmante número de fosas que han sido encontradas a lo largo del territorio de nacional, la exigencia de FUUNDEC cobra más sentido que nunca y desde el ONC tomamos la estafeta para investigar cuáles son los protocolos que están siendo usados tanto por las procuradurías estatales como por la PGR en los procesos de investigación forense. Para este propósito se ha usado el sistema Infomex para pedir información a las procuradurías de las 32 entidades federativas sobre: La existencia de protocolos de servicios periciales para la búsqueda, ubicación, excavación, exhumación e identificación de restos humanos localizados en fosas clandestinas investigadas por la PGJE, así como de elaboración del dictamen correspondiente.

Al respecto, es importante destacar que para estas tareas las disciplinas imprescindibles, y que conforman el corazón de las Ciencias Forenses, son la arqueología, antropología, medicina (patología) y odontología. Sin embargo, para la ubicación, excavación, exhumación e identificación de restos humanos en fosas clandestinas también pueden ser necesarios profesionales en: criminalística, química, psicología, radiología, derecho, informática, criminología, balística, genética entre otras especialidades. La mayoría de estas disciplinas forman parte del área de investigación criminal de departamentos de policía y agencias de investigación alrededor del mundo. Muchas de ellas cuentan con guías de procedimientos, manuales de buenas prácticas e incluso estándares internacionales para su desempeño. Sin embargo, en escenarios complejos que incluyen violaciones graves a Derechos Humanos, especialistas como Fondebrider y Mendonça creen que es importante que se lleguen a acuerdos mínimos.

Muchas ocasiones, cuando se plantea la necesidad de elaborar protocolos de investigación forense, se menciona que cada país presenta particularidades regionales, desde el punto de vista cultural, social económico, político, jurídico o religioso, que hacen difícil la aplicación uniforme de procedimientos estandarizados. Si bien esto es cierto, en el sentido que algunos protocolos serían inadecuados o imposibles de aplicar en ciertas regiones, es posible, independientemente de la particularidad regional o del país, aplicar estándares mínimos de investigación forense en situaciones de violaciones de los DDHH.

Uno de los primeros intentos para establecer las bases para estos estándares mínimos es el “Protocolo modelo para la investigación de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias”, mejor conocido como Protocolo de Minnesota. Dicho protocolo fue publicado en 1991 por médicos, patólogos, abogados y defensores de derechos humanos para complementar los “Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias” recomendado por el Consejo Económico y Social de la ONU en su resolución 1989/65, de 24 de mayo de 1989. Según expertos, dicho protocolo ofrece protocolos de exhumación y autopsia sumamente útiles en regiones con poca infraestructura forense y con condiciones sociales y/o religiosas que complican las prácticas forenses, sin embargo, se queda corto en contextos de guerra o de ejecuciones masivas como lo fueron la Guerra de los Balcanes o el genocidio ruandés.

Para este tipo de contextos, así como para desastres naturales o accidentes, instituciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) o la Interpol han creado manuales de buenas prácticas y protocolos más adecuados que puedan servir para la identificación de víctimas. Es el caso del informe la guía para “La gestión de cadáveres en situaciones de desastre: Guía práctica para equipos de respuesta” publicada en 2006 por el CICR y la “Guía para la identificación de víctimas en catástrofes” publicada y actualizada constantemente por Interpol. En tanto que para contextos caracterizados por una alta incidencia de desaparición de personas, en 2003 el CICR publicó el Informe “Las personas desaparecidas y sus familiares” que incluye el trato digno a los cuerpos óseos y medidas psicosociales para los familiares.

En México, como parte del proceso de capacitación técnica que llevó a cabo la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en 2001, fue redactado el “Protocolo modelo para la investigación forense de muertes sospechosas de haberse producido por violación a los derechos humanos” con el propósito de: Brindar al profesional de las ciencias forenses y criminalísticas, que eventualmente tenga la oportunidad de participar como perito en investigaciones que puedan implicar la violación de los derechos humanos (DDHH), un Protocolo Modelo, eminentemente práctico, que le permita cumplir los pasos mínimos necesarios para documentar y analizar cadáveres frescos, en descomposición o esqueletizados, en orden de determinar signos de tortura o abuso físico.

Dicho protocolo aprovecha la experiencia del Equipo Argentino de Antropología Forense y está pensando en la experiencia de varios países latinoamericanos que vivieron regímenes autoritarios o etapas de violencia aguda. Sin embargo, también está pensado para el caso mexicano, aunque en 2001, fecha en que se publicó el protocolo, nadie se imaginara la espiral de violencia que se desataría en 2006 por la reconfiguración de las organizaciones criminales y la puesta en práctica de la Estrategia Nacional de Seguridad, y cuyo primer síntoma fue un alza en el índice de homicidios que ya hemos revisado en otros estudios del ONC. Además de lo anterior, algunos grupos del crimen organizado empezaron a usar la muerte como mensaje, colgando cadáveres de puentes, mutilando o desollando cuerpos, o acompañando el homicidio con una manta y amenaza escrita, normalmente con pésima ortografía. Pero a lo abyecto le siguió la necesidad por parte de grupos del crimen organizado (algunos vinculados a agentes del estado) de esconder muchos de esos delitos ya sea por medio de fosas comunes, crematorios o a través de centros de procesamiento o “cocinas” donde los cuerpos son disueltos en una solución de sosa caustica y agua hirviendo.

En una conferencia en Ciudad Juárez el director del Instituto de Ciencias Forenses del Distrito Federal, Felipe Takajashi Medina, declaró que es necesaria la construcción de un Sistema Nacional de Información Forense para contar con protocolos unificados que permitan la correcta identificación de cadáveres y restos óseos. Un primer intento de esto es el “Protocolo para el tratamiento e identificación forense” que fue aprobado en el marco de la XXV asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia llevada a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas del 8 al 10 de junio de 2011.

En conferencia de prensa, se anunció que con dicho protocolo: Se facilitará el intercambio de información respecto de técnicas, métodos y procedimientos científicos en el ámbito criminalístico y/o forense. Asimismo, contribuirá a compartir flujogramas de atención oportuna y sistematizada, que faciliten la coordinación de actividades del personal pericial involucrado en la investigación.

Aunque desde el 3 de febrero de 2010 el Procurador General de la República haya emitido el Acuerdo A/002/10 donde se establecieron “los lineamientos que deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito” es una realidad que no hay homogeneidad en cuanto a los protocolos que son usados por las diferentes procuradurías a la hora de ubicar, preservar y exhumar los sitios de enterramiento clandestinos.

En la tabla anterior se puede observar que solo seis entidades trabajan con el Protocolo para el tratamiento e identificación forense que fue aceptado en la XXV Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Hay que recordar que dicho protocolo fue acordado para homologar la actuación de los servicios periciales y coordinar la participación de los peritos en la identificación forense. Aunque su aceptación por parte de los procuradores que asistieron a la conferencia no sea vinculante, el hecho de que solo sea usado por los servicios periciales de seis estados es una muestra de que la investigación forense, en especial la que tiene que ver con búsqueda, ubicación, excavación y exhumación de sitios de enterramiento clandestino o bien de fosas comunes es muy dispar en el país. Esto conlleva a que los procesos de identificación se lleven a cabo también con diferentes baremos.

Otra cuestión que podemos destacar de las respuestas de las diferentes procuradurías es que nueve respondieron no tener protocolos especializados y específicos para atender escenas criminales como lo son los sitios de inhumación clandestinos. Si bien es cierto que los peritos adscritos a servicios periciales tienen que ser profesionales en su área u oficio para ejercer su puesto, siempre son necesarios protocolos o manuales de buenas prácticas para ejercer ética y profesionalmente los peritajes que conlleva la ubicación y exhumación de una fosa clandestina, así como para maximizar las opciones de identificar los cuerpos o restos ahí enterrados. Por ejemplo, la Procuraduría del Estado de México respondió que “no genera protocolos” y tampoco especifica si en sus investigaciones forenses sigue algún otro protocolo internacional o de PGR. Esto es preocupante, sobre todo cuando salen a la luz casos como el de Mariana Elizabeth Reyes, desaparecida el 17 de septiembre de 2014 después de salir de su casa en Tecámac para sacar unas copias. Cuenta la periodista Carrión que durante meses la carpeta de investigación permaneció vacía hasta que un día citaron a los familiares de Mariana para avisarles que habían encontrado el cuerpo de la joven en una bolsa de plástico en el Río de los Remedios y había sido identificado por ADN. No les explicaron de qué forma había sido encontrada e identificada, tampoco le permitieron el acceso al expediente. Ante esta negativa, la familia de Mariana buscó la ayuda de peritos independientes para corroborar el dictamen. En un principio la fiscalía no quería aceptar el peritaje de parte y llegó a decirle a los familiares, que no se podía tener acceso al expediente y exhumar el cuerpo, que debían decidirse por alguna de los dos procesos. Finalmente, un equipo independiente de antropología forense exhumó los restos que supuestamente pertenecen a Mariana y la familia está en espera de la segunda opinión sobre la prueba de identificación por ADN.

Otra respuesta que quisiéramos resaltar es la de la Procuraduría de Hidalgo que mencionó que no ha elaborado ni tiene protocolos porque no ha sido ubicada ninguna fosa clandestina en su territorio. De acuerdo a una solicitud de transparencia pedida por periodistas de El Universal este dato es incorrecto ya que la PGR informa que de 2006 a 2013 han sido encontrados 112 cuerpos en fosas comunes ubicadas en la entidad. Después de que se publicara esta información, el gobernador Francisco Olvera Ruiz declaró que “en lo personal no lo tenía registrado […] que seguramente se trata de crímenes cometidos en otra entidad. Independientemente de dónde hayan sido cometidos los homicidios, si las fosas son encontradas en Hidalgo, las autoridades competentes tienen la obligación de realizar la diligencia forense con profesionalismo, ética y de acuerdo a estándares internacionales. En su respuesta, la procuraduría menciona que en dado caso de necesitar un protocolo este estaría basado en el Protocolo de Minnesota. Como ya vimos, dicho protocolo está pensado para prevenir e investigar ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Otro caso interesante es el de Baja California, donde la dirección de servicios periciales respondió que en este momento se encuentran elaborando los procedimientos para certificar los laboratorios, por lo que no cuentan con ningún protocolo específico. No obstante, que no tengan protocolos afirman que cuentan con personal que “cuenta con capacitación en materia de preservación y procesamiento de la escena del crimen e inclusive, antropología forense”.

En una entidad donde en 2009 fueron encontrados predios donde operaban centros de procesamiento de personas o “cocinas” en los que han sido disueltos en sosa cáustica cientos de cadáveres, es inaceptable que no se cuenten con los más altos estándares forenses. No basta con personal capacitado. Sobre el hecho de que varias procuradurías respondieron no tener información sobre protocolos de búsqueda, ubicación, excavación, exhumación e identificación de restos humanos localizados en fosas clandestinas, un experto entrevistado por el ONC afirma que esto no puede ser, que todas las coordinaciones o direcciones de servicios periciales trabajan con algún tipo de protocolo. A pesar de esto, el experto señaló que es probable que los encargados de contestar las solicitudes de transparencia no sepan qué es un protocolo, lo cual es igual de grave.

Sobre las entidades que no respondieron a nuestras solicitudes (Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Jalisco, Nayarit, Nuevo León y Zacatecas) nos queda exhortar a que cumplan con su compromiso de transparentar sus prácticas para que la ciudadanía pueda estar informada. Esto es importante sobre todo para entidades como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Jalisco en donde han sido encontradas decenas de fosas clandestinas en los últimos años y los familiares esperan que las diligencias sean llevadas a cabo por personal capacitado y siguiendo protocolos adecuados.


Área de investigación del ONC

Christian Eduardo Díaz Sosa - @ChristianDazSos

Doria del Mar Vélez Salas - @Dorsvel

Manuel Alejandro Vélez Salas - @VelezManuel

Oscar Rodríguez Chávez - @RdCh85

José Ángel Fernández Hernández - @DonJangel

Vania Pérez Morales - @vaniadelbien

Observatorio Nacional Ciudadano - @ObsNalCiudadano

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