La criminalidad, la delincuencia y la violencia son temas prioritarios para cualquier gobierno que esté comprometido en proporcionar seguridad y ejercer el estado de derecho para sus ciudadanos. Por ello, resulta indispensable conocer y entender dicha problemática sobre todo a nivel local, y mientras más focalizada sea, mejores serán los resultados.

Si bien los Observatorios Ciudadanos que formamos parte de la Red Nacional de Observatorios podemos medir, evaluar y analizar las cifras que mes a mes proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no podemos profundizar más allá del simple número de las denuncias, lo cual limita la información oficial disponible, incluso el mismo Centro Nacional de Información no puede garantizar calidad en los registros de averiguaciones previas. No podemos entonces depender únicamente de esta fuente de información partiendo de que el dato oficial se basa solamente en las denuncias ciudadanas.

Surgen así varias interrogantes, ¿es el número de denuncias el único medio oficial confiable con el que se cuenta? ¿Cómo se pueden tomar decisiones si solamente el 10% de los delitos o las faltas se denuncian? ¿Es suficiente esta información para poder diseñar programas de seguridad pública, incluso poder determinar la eficacia de los programas de prevención del delito?

Lo que todos anhelamos es que si se mejoran las condiciones de seguridad, se deberá de mejorar la percepción de los ciudadanos; pero muchas veces no resulta así, un claro ejemplo es la información que arroja la Encuesta Nacional de Víctimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015. Al analizar la tabla 1 anexa, donde los resultados de la encuesta muestran que el Estado de Coahuila destaca por ser la entidad con la menor tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes en el país (17,080), siendo esto un 29.0% menor que lo registrado en la encuesta del año anterior, sin embargo, es la tercera entidad que presenta más casos en donde los delincuentes portaban arma de fuego al cometer el delito (51.7%), solo por debajo del Estado de México (69.1%) y del Distrito Federal (58.7%).

Paradójicamente la encuesta revela que Coahuila es de las entidades con más baja cifra negra (89.7%), incluso por debajo del promedio nacional (92.8%). Pero ¿cuál es la percepción de la población respecto a la situación que guarda la inseguridad en ese Estado?, el promedio nacional indica que el 73.2% de los mexicanos percibe insegura a sus entidades, en Coahuila esa cifra es del 74.9%, cifra que mejoró un 4.6% respecto al resultado de la encuesta del año anterior. ¿Cómo nos explicamos entonces que los ciudadanos de entidades como Chihuahua y Sinaloa que triplican la cantidad de homicidios dolosos a Coahuila se perciban más seguros?, Chihuahua lo consideran inseguro un 73.6% de sus habitantes y Sinaloa un 70.5%.

Tabla 1

Datos referentes a la encuesta de victimización y percepción sobre seguridad pública (ENVIPE) 2015. El color rojo indica que es mayor que el promedio nacional, y el verde que es menor al promedio nacional. Incluye las averiguaciones previas de homicidios dolosos en el período enero-septiembre de 2015, Fuente SESNSP.

Los observatorios locales tenemos la urgente necesidad de generar información propia para conocer las características y magnitud del fenómeno delictivo. Urgen datos de mayor calidad que nos ayuden a interpretar mejor la realidad, se destinan pues grandes cantidades de recursos privados, de hecho una parte importante del presupuesto de los observatorios se destina a la investigación de información de fuentes no oficiales.

Partiendo de este hecho, los observatorios estamos contribuyendo a generar fuentes alternativas de información, que enriquezcan a nivel local, tales como encuestas de victimización, de percepción de inseguridad, de miedo al delito, de grados de afectación, entre otros. Hoy estos esfuerzos los hacemos convencidos de que lo que está disponible es muy escaso.

Sin embargo, las encuestas que se llevan a cabo son solo un complemento de la información oficial, algunas tienden a sobre-representar el delito común y es difícil obtener información de otros delitos que aunque no son considerados delitos graves son muy recurrentes.

La información oficial disponible no es suficiente, sus resultados son demasiado generales, incluso desagregando a nivel municipio. ¿Qué puede hacer un ciudadano cuando una encuesta del INEGI da como resultado que en México se estima que la cifra negra asciende a 92.8%?, ¿Qué puede hacer un duranguense en su entidad donde el costo promedio del delito por persona es de $5,636 pesos? o a nivel municipio, donde Acapulco el 88.5% de la población lo percibe como inseguro. Yo me pregunto ¿Podemos hacer algo como ciudadanos al respecto?, no creo que mucho.

¿Qué tendríamos que hacer entonces?, exigir y demandar a las autoridades “locales” que generen y faciliten la mayor cantidad de información posible en cuanto a delitos, víctimas, victimarios y más aún sobre la efectividad de las instituciones para infringir costos a aquellas personas que delinquen, llámense ministerios públicos y jueces.

No sería maravilloso si fuéramos capaces de sectorizar una región, en donde obtengamos información como por ejemplo que porcentaje de los ciudadanos del sector sur-poniente de tal municipio se sienten inseguros, estamos seguros que será muy distinta la percepción al del sector noreste, o tal vez conocer que el delito que más afecta en la parte poniente es el robo a comercio o en la parte centro el robo a transeúnte, o georeferenciar problemáticas tales como deserción escolar, cobertura de salud, violencia intrafamiliar, embarazos en adolescentes, todas ellas detonantes de modificar el bienestar y calidad de vida.

Qué tal si pudiéramos conocer las averiguaciones previas que inicia y concluye tal o cual ministerio público adscrito, o en que delitos y en que agencia del ministerio público hay un alto índice de impunidad. Ahí si entonces un ciudadano pudiera actuar, hacer algo al respecto porque ya está a un nivel tan específico que se  podría incidir en política pública de forma eficiente.

La fortaleza de esta propuesta consiste en pensar global y actuar local, con diagnósticos precisos; pero también con la voluntad de las autoridades en generar y abrir todo este espectro de información que nos ayude a entender el estado del delito y la criminalidad; así como el monitoreo de la eficacia de las instituciones que procuran el bien común que todos aspiramos, esto lo tenemos que hacer juntos sociedad civil y gobierno.

Marco A. Zamarripa

Director del Consejo Cívico de las Instituciones, AC

@CCILAGUNAAC @zamarripa_marco @ObsNalCiudadano

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