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Delincuentes Pasivos

Desde hace años se habla de la cultura de la legalidad y el hit en los últimos tiempos es nuestra querida y opaca Ley de Transparencia
27/07/2015
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El Observatorio Ciudadano Carmen es una organización no gubernamental que tiene como principal objetivo ser una herramienta confiable de medición social en materia de la seguridad, justicia y legalidad; su trabajo se basa en el estudio y análisis estadístico del delito con el objeto de fomentar la articulación de la sociedad, la autoridad y el gobierno, y colaborar como facilitador de información con nuestras autoridades encargadas de la atención y prevención del delito del Municipio de Carmen. Lo anterior tiene como fin, establecer a través del diálogo, mejores políticas, programas y acciones que hagan de nuestra comunidad un espacio seguro y con una alta calidad de vida.

El texto que a continuación presentamos habla respecto a diversas situaciones que aquejan al país y también se reflejan a nivel local, es la mira ciudadana que se ha focalizado en algunos casos dar solución a sus propios problemas.

Desde hace años se habla de la cultura de la legalidad y el hit en los últimos tiempos es nuestra querida y opaca Ley de Transparencia. Hace unos días llegó un comunicado a la mayoría de las notarías y otros organismos, donde se notificaba la estricta aplicación de diversos artículos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En esencia, la nueva disposición ordena a las notarías a no certificar actos relativos a las Sociedades Mercantiles si estas no cuentan con la previa publicación de convocatorias de asambleas generales, las modificaciones relativas al capital de la empresa, los informes financieros que realizan los comisarios de manera anual y los estados financieros. En pocas palabras, no se puede certificar, ni mucho menos realizar los trámites correspondientes en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, si no se hace pública una radiografía donde aparecen montos económicos de sociedades desde familiares hasta los corporativos que se encuentren constituidas conforme a las leyes mexicanas.

Esta norma resulta transgresora de los datos sensibles de las personas que conforman una sociedad e inclusive de los asistentes a las asambleas ya que aparecen sus nombres completos. La gravedad de la aplicación de esta normatividad es que prácticamente expone a las personas y a sus sociedades a ser víctimas de la delincuencia, ya que no sólo hay montos financieros, sino que también se encuentra el domicilio donde se van a reunir (en el caso de las convocatorias a asambleas generales) y el nombre completo y puestos de los asistentes a las asambleas; lo demás lo dejo a su imaginación, mi estimado lector.

Y este es tan sólo un ejemplo en donde las normas de transparencia y manejo de información no operar precisamente a favor de los ciudadanos. Peor aún, sabemos que la actuación de la autoridad nunca va a ser legislada para ser expuesta en sus puntos débiles, para prueba, basta el siguiente ejemplo:

Actualmente PEMEX y PEP, así como los organismos encargados de dar solución a inconformidades contra la paraestatal viven una crisis de falta de información y seguridad, en este año se suscitaron dos “accidentes” lamentables en plataformas petroleras. Además de causar algunas muertes silenciosas que se definen como desapariciones, donde sobrevivientes narraron la escena trágica de haberse lanzado desde la plataforma para salvar su vida a la par de que compañeros calcinados caían al agua, también se generaron importantes daños al medio ambiente derivados del derrame del crudo y demás, residuos tóxicos extremadamente dañinos para la naturaleza y al ser humano. Para colmo, PEMEX tuvo una reacción negativa hacia Green Peace ya que estos solicitaron acceso a archivos del incidente con la finalidad entre otras, de evaluar el daño ecológico y prevenir futuros casos similares, sin embargo, no hubo cooperación. Para desgracia de todos, esta situación ha quedado en el olvido.

Es impresionante como la delincuencia pasiva –comisión de delitos de bajo impacto, derivadas de usos y costumbres o actos no violentos derivados de la no aplicación de valores- se ha expandido como el cáncer, hasta llegar a la Isla del Carmen que, tal como dijo del Gobernador de Campeche, Fernando Ortega Bernés, “es un foco rojo”. Conseguir dicha afirmación fue un logro ciudadano derivado de una lucha incansable por dar ese primer paso: el reconocimiento por parte de la autoridad Estatal que Ciudad del Carmen es un lugar donde se “cosechan delitos”. Un par de semanas antes la actividad de patrullaje interinstitucional había empezado; fue extraño ver a los militares en la calle patrullando. La pregunta obligada: ¿y es suficiente?

Tal como se ha pronosticado desde el primer reporte de incidencia delictiva del Observatorio Ciudadano Carmen, la ciudadanía está cansada. Las personas al no obtener resultados en la impartición de justicia se han comenzado a organizar. Me explico y corrijo: las personas están cansadas de no tener resultados después de estar sentados alrededor de 4 horas o más para ser atendido por el MP de Guardia de la Vicefiscalía Estatal instalada en Carmen; están cansadas de esperar de 24 a 48 horas o más para poder dar seguimiento al trámite en la mesa de investigación; están cansadas de tener que esperar un mes  para poder presentar testigos –que sin ellos no se inicia la investigación; y sobre todo están cansadas de que después de varios meses de vueltas y pruebas innecesarias, el Agente del Ministerio Público decreta un “No ejercicio de la acción penal”.

Ante este proceso decrepito de impartición de justicia por “economía procesal”, el ciudadano de un par de colonias se ha organizado y decidió poner una manta donde le avisa al delincuente que si entra no saldrá y toma la justicia en su propia mano. Realiza una defensa autocompositiva esto es, si una persona se siente agredida y de acuerdo a su moral o sentido común esa conducta transgrede los derechos propios o ajenos, la persona agraviada reacciona y produce la ejecución de una sanción que considera “justa” o para denotar que es capaz de defenderse ante la indiferencia de las instituciones encargadas de la seguridad pública. En los últimos tiempos se han convertido el linchamiento en una práctica relativamente común: incendios de patrullas, privación de la libertad del delincuente, entre otros, donde el mismo ciudadano toma la justicia en sus manos volviéndose un delincuente pasivo consecuencia de un sistema “tortuga” en la integración de la averiguación previa.

Las personas saben que existe una ley que regula los actos y hechos para permitir una convivencia social, pero no la conocen, se acabó la paciencia de la ciudadanía ante tantas arbitrariedades por parte de las autoridades y prácticamente estamos a meses de que se haga el cambio de gobierno, pero la ciudadanía es escéptica, está dañada, está dolida y se ha vuelto más exigente.


Lic. Nora Salas Weber.

Encargada de la Dirección del OCC

@OBSERVATORIOCAR

 

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.
 

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