Más fuerza y más fuerza, un modelo de seguridad que muestra agotamiento

Hay suficiente evidencia empírica para pensar que el modelo de seguridad implantado en el país ha sido rebasado. Mientras algunas áreas de seguridad han sido reforzadas, otras que están íntimamente relacionadas para enfrentar la inseguridad y la violencia han quedado descobijadas, con lo cual los esfuerzos terminan por diluirse y generar pobres resultados. Cuando iniciaron las funciones del actual gobierno, se nos indicó que la estrategia de seguridad sería modificada, sin embargo, los cambios no se han manifestado, más bien parece haber una especie de continuidad a las medidas tomadas hace más de 9 años.

Los eventos ocurridos en los últimos años indican que una mayor musculatura de los cuerpos de seguridad no es suficiente para frenar y reducir las actividades delincuenciales y de violencia. Alto número de muertos, enfrentamientos más violentos entre la autoridad y grupos criminales, incremento de la intensidad de las actividades delictivas a territorios de por sí ya afectados por la criminalidad y altos niveles de impunidad, son tan solo algunos ejemplos que se pueden poner sobre la mesa para mostrar que la estrategia de seguridad requiere ser modificada.

Los cuerpos de seguridad que han sido responsabilizados para combatir a la criminalidad, a saber de la policía y las fuerzas armadas, han caído en una serie de excesos que paradójicamente han contribuido a aumentar los niveles de violencia. Como lo demostraron Correa, Silva y Gutiérrez (Nexos, julio 2015) a pesar de que en los últimos años las muertes, derivadas de los enfrentamientos entre la criminalidad y las fuerzas federales, se han reducido, eso no significa necesariamente una mejoría, pues el nivel de letalidad de los cuerpos de seguridad es elevado y en algunos casos se ha incrementado. De acuerdo a la investigación mencionada, en 2006 por cada civil herido en un enfrentamiento entre la policía federal y la delincuencia había 2.8 muertos, para el año 2014 el índice alcanzó 11.6; en el caso de los enfrentamiento entre la Secretaria de la Defensa Nacional y la delincuencia, la letalidad pasó de 1.6 en 2006 a 4.6 en 2014, siendo el 2013 el año más crítico cuando se alcanzaron 20.2 muertos por cada civil herido. A pesar de que las cifras no indican que dichos cuerpos realizaron ejecuciones extrajudiciales, los casos de Tlatlaya y Apatzingán son eventos que aportan mayor incertidumbre sobre el respeto de los derechos humanos por parte de la autoridad.

Y si esta primera evidencia no es suficiente para pensar en la necesidad de modificar el modelo de seguridad vigente, habrá que señalar que en algunas entidades en donde se han “reforzado” las medidas, a través del emplazamiento de un mayor número de efectivos policiacos y militares, las estadísticas no manifiestan una mejoría significativa, para demostrarlo solo 3 ejemplos: De acuerdo a las cifras del SESNSP, en Guerrero, después de que la federación intervino la entidad luego del trágico evento de Iguala, la violencia no parece detenerse pues sigue siendo el estado con mayor número de víctimas de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, de enero a mayo de 2015 presenta una tasa de 22 homicidios por cada 100 mil habitantes, 266% superior a la nacional. Esta preocupante posición la entidad la ocupa, por lo menos, desde el 2012.

En el caso de Tamaulipas, otra entidad en donde se han “reforzado” las medidas con mayor participación de cuerpos federales, los secuestros han alcanzado niveles preocupantes, en los primeros 5 meses del año en curso la tasa víctimas por este delito es de 4 por cada 100 mil habitantes, mayor en 763% a la tasa nacional. Además, la entidad se ubica como la cuarta con mayor número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, tan solo detrás de Guerrero, Chihuahua y Sinaloa. En Michoacán, a pesar que desde hace años se han montado varias experiencias de intervención federal y que las cifras oficiales de incidencia delictiva indican reducciones atípicas con respecto al resto de las entidades en el último año, la evolución de su estadística criminal no es para nada alentadora: en 2014 tuvo la mayor tasa de homicidios culposos del país, la quinta mayor de homicidios dolosos y la séptima en secuestro, esto sin tomar en cuenta que presenta serios problemas de clasificación de los homicidios, pues la gran mayoría de ellos se desconoce cómo ocurrieron.

Por otro lado, las acciones enfocadas en la captura y “abatimiento” de líderes delincuenciales también han mostrado importantes limitaciones, pues no hay evidencia que con estas acciones las actividades criminales o de violencia se contraigan. En Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua, Michoacán y Estado de México el número de homicidios intencionales en mayo 2015 es mayor con respecto al promedio de los 12 meses anteriores; tan solo en Baja California las víctimas de este delito han crecido en 112%. Además, el sistema de justicia y el penitenciario siguen presentando importantes fallas que van desde la liberación de los criminales debido a vacíos legales, hasta la fuga de uno de los criminales más importantes del mundo.

La evidencia mostrada es clara: el problema de la inseguridad y la violencia no se resuelve con un programa que prioriza un mayor número de elementos policiacos o militares, ni mucho menos con un marco jurídico adecuado para que las fuerzas castrenses sigan participando en actividades de seguridad pública. Resulta inexplicable que han pasado 9 años desde que se tomó la decisión de sacar el ejército a las calles y la medida no vino acompañada de un compromiso por la profesionalización de los cuerpos civiles de seguridad estales y federales, tampoco un fortalecimiento del sistema judicial para sancionar a aquellos que han cometido un delito, un programa para blindar al Estado frente al poder económico de la delincuencia y mucho menos con un robustecimiento de políticas públicas que buscaran atender aquellos posibles factores que promueven la actividades delictivas y la violencia.

Después de la crisis de seguridad y credibilidad experimentada a finales del 2014, el gobierno federal en lugar de responder con un programa integral a la situación, decidió como primera medida enviar mayor número de elementos a territorios afectados por la delincuencia y relanzar proyectos que se suponía ya estaban en marcha desde hace años ¿desde hace cuánto tiempo el problema de la corrupción y la infiltración de la criminalidad en las estructuras de gobierno dejaron de ser una prioridad?

Frente a la crisis de seguridad que nuevamente se respira, es necesario plantearse nuevas medidas para enfrentarla. Pensar en mejorar las condiciones de salud, de alimentación, personal, laborales y ambientales tanto de los personas como de las comunidades sería un buen comienzo.

Ángel Fernández

Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano

Twitter: @DonJangel @ObsNalCiudadano