La libertad de expresión

He decidido escribir este texto para utilizarlo cada que surja el tema de la libertad de expresión cuando discuta con alguien. Imagino que esto será frecuente porque, al escribir, suelo cuestionar ciertos actos e ideas y, al hacerlo, aparentemente, muchos siempre asumen que eso dice algo sobre mi posición respecto de la libertad de expresión.

Me pasó la semana pasada que escribí sobre un comentario que leí en una cuenta de Instagram. Que yo cuestionara ese comentario –por considerarlo machista– le generó sospecha a más de una persona: ¿qué estaba yo queriendo decir? ¿Que ya nadie debía escribir comentarios así? ¿Que había que censurarlos de alguna forma? ¿Acaso me estaba erigiendo en una policía del lenguaje y el pensamiento? Si bien nada en mi texto afirmaba que comentarios como el que analicé debían ser censurados, de cualquier manera el cuestionamiento surgió: ¿estaba dispuesta a vulnerar así la libertad de expresión?

Va mi respuesta a este y cualquier cuestionamiento similar (ya saben: para la próxima que escriba sobre una película sexista, el acoso callejero, las marchas en contra de los derechos de las personas LGBT, comentarios racistas/clasistas/sexistas de Facebook/Twitter/Instagram/o cualquier otro medio, y un largo etcétera):

La libertad de expresión es un derecho básico para una democracia. Punto obvio. Segundo punto aparentemente no tan obvio para algunos: creo que es un derecho que, si bien tiene límites, rara, rarísima vez se justifica vulnerarlo a través de una sanción estatal. Me parece que sancionar, utilizando al Estado, a personas que se manifiestan en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo, es inconstitucional, sin importar si se expresan con argumentos sustentados (según ellos) o con groserías («¡pinches putos enfermos!»). Lo mismo pienso respecto de las personas que creen que las mujeres provocan su propia violación; que «los pobres son pobres porque quieren»; que los hombres afroamericanos «de seguro son delincuentes»; que las trabajadoras domésticas son unas «aprovechadas»; que… ¿Me parecen absolutamente cuestionables estas ideas? P O R   S U P U E S T O. Y precisamente por eso las cuestiono, ejerciendo mi propio derecho a la libertad de expresión.

¿Me parece innecesario que un hombre se aproxime a una mujer en la calle y le diga «mmmmmamacita»? O B V I O. ¿Me parece problemático que las personas afirmen que los estudiantes de Ayotzinapa provocaron su terrible destino? C L A R O. ¿Me preocupa que haya hombres cuya interacción en línea con mujeres se limite a mandarles fotos de penes o a decirles que se regresen a la cocina? M U C H Í S I M O. ¿Y qué haré al respecto? Señalarlo y decir por qué me parece innecesario, problemático, preocupante, alarmante, etc. Otra vez: voy a cuestionarlo, ejerciendo mi propio derecho a la libertad de expresión.

¿Que me encantaría que dejen de decir cosas del estilo? P O R   S U P U E S T O. Pero quiero que si esto ocurre, sea porque están convencidos de ello. Porque después de haber leído o escuchado ciertos argumentos, se quedaron pensando: «Huh. Quizá no sea tan feminazi como creí y medio tenga una pizca de razón. Próxima que vea a una mujer quizá me detendré dos segundos a ver si realmente es absolutamente necesario que le chifle.»

Ese precisamente es el punto de la libertad de expresión en una democracia: proteger la posibilidad de llegar a un diálogo que fomente un cambio. La libertad de expresión no se tutela simplemente porque sí; se protege por el potencial que tiene para transformar el mundo a través de la información y el debate. ¿Que un reportero descubrió que un político es corrupto? ¡Razones para movilizarnos y actuar en contra de la corrupción! ¿Que una académica produjo un artículo en el que se señalan los costos de la política carcelaria? ¡Pues quizá sea momento de reevaluarla y reinvertir nuestros recursos! ¿Que una feminazi loca dijo que quizá no es lo máximo hablarle a las mujeres de manera sexista y despectiva? ¡QUIZÁ TENGA UN PUNTO!

O quizá no. Y para eso también sirve la libertad de expresión. Me pueden contra-argumentar: oye, creo que el diagnóstico que presentas del problema es erróneo porque a, b, c, d; oye, creo que exageras porque h, i, j, k; oye, no me importa lo que argumentas porque yo no voy a cambiar mi forma de ser. Y está perfecto. Ese es su derecho. Yo tomaré a consideración lo que sea que me digan (o lo que no me digan), y veré si y cómo reformulo mis argumentos o mi propia manera de pensar. ¡En una de esas hasta ustedes me convencen a mí! ¡Igual y sí estoy loca!

Creo en el diálogo. Y creo que solo excepcionalmente se justifica que el Estado intervenga en ese diálogo con un castigo. Que yo cuestione a una película como 50 Shades of Grey, no significa que crea que se debe de sacar del cine; que dedique horas a analizar lo problemática que puede ser mucha de la pornografía desde una perspectiva feminista, no significa que crea que se deba de perseguir a sus productores y consumidores (The answer to bad porn is feminist porn!); que crea que las marchas en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo reflejan una visión del mundo que puede redundar en discriminación no implica que considere que no tienen el derecho a expresarse; que crea que muchas interacciones en línea entre las personas son sexistas, racistas, homofóbicas, clasistas o simplemente groseras, tampoco significa que crea deban ser castigadas por el Estado. ¿Cuestionadas por nosotros? S I E M P R E.

Y cuestionar, lo siento, no es censurar. Es tomármelos tan en serio que hasta creo que son capaces de responder por sus actos y decirme por qué hacen lo que hacen, por qué dicen lo que dicen y por qué piensan como piensan.

[1] He escrito sobre la libertad de expresión en otras ocasiones. Aquí y aquí escribí sobre cómo me pareció sumamente problemática la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que analizó el «discurso homófobo»; aquí escribí sobre lo problemático que me parece que las personas «progres» respondan con un «¡pinche homófobico!» o un «¡maldito machista!» a la discriminación sin proveer argumentos (no soy fan de los insultos, progres o no; de eso a que crea que el Estado debe lavarnos la boca con jabón, es otra cosa); aquí escribí mi opinión sobre la porra de «puto» en el mundial de futbol (en donde reitero que, si bien me puede parecer problemática, no creo que se justifique sancionarla); aquí escribí sobre #GamerGate y cómo me parece problemático el acoso de las mujeres en línea (sí, me parece problemático incluso para la misma libertad de expresión); aquí escribí sobre el caso de Ayotzinapa y su relación con la libertad de expresión (en específico en todo lo que se refiere a la discriminación).

[2] Definitivamente hay muchas personas que se dedican a analizar los mismos problemas sociales que yo (la desigualdad y/o violencia de género, por ejemplo) y que tienen una visión mucho más restrictiva de la libertad de expresión. (En México, es común involucrar al Conapred para resolver conflictos sobre ciertas expresiones; algo que, hasta el día de hoy, me ha parecido injustificado.) En este punto, mi corazón late más con Snyder v. Phelps, Hustler Magazine, Inc. v. Falwell, American Booksellers Association v. Hudnut y La Jornada v. Letras Libres que con Vejdeland and Others v. Sweden, Regina v. Butler o Prida Huerta v. Núñez Quiroz. Siempre he creído que los esfuerzos deben enfocarse más en darle «micrófono» al mayor número de personas posibles, que en castigar a quienes lo usan.

[3] Ahora, de las personas con una visión mucho más restrictiva de la libertad de expresión en relación a la discriminación o violencia de género, no hay como Catharine MacKinnon. Si se quieren pelear con alguien, peléense con ella. Pueden devorar su Only Words y despedazarla. Si quieren un argumento similar que provenga de un hombre, pueden leer a Owen Fiss y su The Irony of Free Speech. Si quieren debatir con quienes usan sus marcos teóricos para analizar fenómenos similares –especialmente en relación al mundo virtual–, pueden leer a Mary Anne Franks («Sexual Harassment 2.0»), a Anita Bernstein («Abuse and Harassment Diminish Free Speech») o a Danielle Keats Citron («Cyber Civil Rights»). Dentro de la tradición de castigar ciertas expresiones por ser difamantes, amenazantes, violatorias del derecho a la privacidad o por incitar al odio (todos límites a la libertad de expresión ampliamente reconocidos) hay también muy buenos argumentos que merecen ser analizados con cuidado. De nuevo: pueden convencer o no, pero siempre creo que deben ser debatidos.

[4] Ahora, más allá de la intervención estatal, ¿creo que una persona debe tolerar y responder a todos los mensajes que le lleguen? No. Creo que es obligación de las autoridades responder a las solicitudes de información de la ciudadanía (gracias al derecho de petición); pero también creo que entre más nos alejemos de la figura de la «autoridad» y más nos acerquemos a las personas «comunes y corrientes», esta obligación se desvanece. Lo mismo creo respecto de los foros públicos: silenciar a personas que participan en foros públicos (periódicos, revistas, páginas gubernamentales, etcétera) me parece problemático; pero entre más nos encontramos en espacios «privados» (cuentas personales de Facebook, Twitter, Instagram, etcétera), me parece una prerrogativa de cada persona elegir con quien interactúa y con quien no. Que un usuario «común y corriente» de Twitter me bloquee, por la razón que sea, no me parece que viola mi libertad de expresión. No tengo derecho a exigir que me lea una persona así. ¿Me parecerá lamentable? Quizá. Pero no viola mi derecho a expresarme (como no lo viola el no poder entrar a la casa de alguien a gritarle). La libertad de expresión admite diversos tipos de regulación, una de ellas siendo la del modo, tiempo y lugar. La libertad de expresión nunca ha sido, ni es, ni tiene por qué ser una carta en blanco para decir lo que sea, a quien sea, como sea, cuando sea, por lo que sea. Es un derecho que sirve para trazar límites claros y bien justificados. Al menos eso es lo que yo derivo de las múltiples sentencias que la Suprema Corte ha emitido en la materia (como la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006, el Amparo en Revisión 1595/2006, el Amparo Directo en Revisión 2044/2008, Amparo Directo 6/2009, el Amparo Directo 28/2010 y el Amparo Directo 3/2011).