Mientras que la extradición de Javier Duarte y sus peculiares declaraciones siguen siendo nota en los medios, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estableció que, en su revisión de la Cuenta Pública 2016, 31 de los 32 estados presentaron irregularidades y subejercicios por más de siete mil millones de pesos en el Fondo de Aportaciones para los servicios de Salud (FASSA). Hace apenas un par de semanas el portal Animal Político documentó el gasto y la simulación del gobierno de Chiapas, que desde 2010 ha recibido transferencias por mil 607 millones de pesos para construcción, remodelación y equipamiento de hospitales y centros de salud. Al día de hoy todavía hay 31 unidades médicas que no dan servicio a la población: Las chiapanecas siguen dando a luz en la calle y en algunos casos mueren debido a la falta de atención médica.

Sin preocupación alguna, el Secretario de Salud de Chiapas aseguró que son necesarios 627 millones de pesos para terminar obras inconclusas y para la adquisición de equipo, además de 350 millones de pesos anuales para el pago de personal. Mientras tant,o el personal de salud señala las carencias con las que tiene que trabajar e incluso ha llevado a cabo una huelga de hambre para señalar las condiciones en las que se encuentran.

En Oaxaca la historia se repite: A finales de mayo, del municipio de Jalapa de Díaz. Ya en octubre de 2013, Irma López Aurelio dio a luz en el jardín de la clínica. Su caso visibilizó la violencia obstétrica que enfrentan las mujeres en su entidad al aparecer en medios nacionales e internacionales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó en su caso, no sólo reparar el daño, sino también asegurar medidas de no repetición, en específico que el gobierno estatal resolviera la situación de las instalaciones. El hijo de Irma está por cumplir los cuatro años y las mujeres de su comunidad siguen pariendo en la vía pública. Las personas afectadas por la simulación y los desvíos tienen nombres, apellidos y las afectaciones en sus vidas hacen mella.

La ASF encontró que el estado de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz concentran más de la mitad de los recursos observados. Los recursos del FASSA están destinados para la población sin seguridad social, con el objetivo de promover la salud y la prevención de enfermedades, la mejora en la calidad de la atención, así como la entrega oportuna y adecuada de medicamentos.

Por su parte, el periódico Noroeste documentó el desfalco de Ernesto Echeverría Aispuro, quién fue Secretario de Salud de Sinaloa con Malova. El diario documentó que el exsecretario otorgó 29 contratos por más de 87 millones a empresas fundadas por él mismo antes de ocupar el puesto. La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa declaró: “Estamos abriendo expediente. Nosotros tenemos esa atribución de iniciar investigaciones cuando se advierte que puede haber un ejercicio indebido de recursos, eso independiente del tema de la auditoría que se tiene que hacer regularmente”.

En Veracruz, además del desfalco a salud, se detectó un desvío de fondos en educación y en el programa Prospera. Se ha emitido una orden de captura para Juan Antonio Nemi Dib –quien fuera secretario de salud durante el gobierno de Duarte– por el mal manejo de recursos públicos en la construcción de un hospital infantil, y en la contratación de empresas fantasmas. Nemi Dib aún no ha sido localizado. Vale la pena mencionar que, durante las discusiones sobre la criminalización del aborto en la entidad, el exsecretario aseguró que el personal de salud a las mujeres que llegaban con un aborto en proceso ante el Ministerio Público. Hoy es él quien evade a la justicia.

Rumbo a las elecciones de 2018, es indispensable que quienes han solapado el despojo de recursos destinados a las poblaciones con mayor necesidad enfrenten su responsabilidad. Javier Duarte destaca por el cinismo y los montos del desfalco al Estado. Sin embargo, es un hecho que los recursos destinados a la salud han sido desviados en prácticamente todo el país. Hay Duartes en todas partes y no deben de llegar a otros puestos de servicios público.

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