Proponer que el Seguro Social extienda el servicio de guarderías sin decir cómo es lo mismo que anunciar nada. Tal cual lo dijo COPARMEX, el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar propuesto por el presidente Peña Nieto está hecho al vapor y sin posibilidad de realización. Desde GIRE, hemos luchado porque hombres y mujeres tengan acceso a estancias infantiles seguras y con personal capacitado para que puedan ir a trabajar a sabiendas de que sus hijos e hijas están en espacios sanos y en buenas manos. Además, hemos insistido en que el acceso es limitado y discriminatorio, pues la ley sólo se lo da a los hijos o hijas de las madres trabajadoras.

En nuestro país, más de la mitad de las mujeres trabajadoras carece de seguridad social y, las que tienen hijos o hijas, se ven obligadas a dejarlos con los abuelos o en estancias informales que carecen de una supervisión adecuada. Anunciar que se va a ampliar el acceso sueña muy bien, pero ¿cómo? Con qué política pública, a quiénes.

El año pasado GIRE logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara respecto del acceso discriminatorio. La SCJN dijo que al sólo permitir que las madres trabajadoras tuvieran el servicio de guarderías para sus hijos e hijas se basaba en estereotipos de género y abonaba a reafirmar el prejuicio de que son las mujeres las responsables de la crianza de los hijos e hijas. Este fue un acto muy positivo en abona a la igualdad de género y permite que tanto padres como madres se hagan cargo de la crianza.

Sin embargo, aún existen muchas trabas y deficiencias en la atención de la infancia en las instancias públicas. El pasado mes de diciembre se visibilizaron a través de los medios de comunicación abusos y maltratos de menores por parte del personal de las estancias infantiles. Desde la tragedia que causó la muerte a 49 niños, niñas y bebés en la guardería ABC se han hecho múltiples demandas para que haya transparencia en los criterios para supervisar a una estancia, así como las debidas revisiones a las que deben ser sometidas. Aún y con la muerte y maltrato de las y los menores, el asunto sigue en la opacidad.

Es importante saber qué va a pasar con la persona que encerró a una pequeña en un mueble o la que le pegó tan fuerte a otra niña que le fracturo la cabeza, desde luego debe haber consecuencias, pero no podemos dejar las cosas ahí, sino demandar medidas para que tragedias así no se vuelvan a repetir.

Así como el presidente dice comprometerse con que haya más acceso, debería dedicarse una estrategia para la supervisión y revisión de las instalaciones del IMSS que tienen bajo su cuidado a menores de edad,  más allá de las visitas aleatorias y sin previo aviso que se han hecho después de las tragedias.

Los problemas que padecen las trabajadoras y trabajadores mexicanos deben ser resueltos de manera integral con política pública que trascienda el anuncio político en Los Pinos. La mayoría de las trabajadoras y trabajadores además no tener con quién dejar a sus hijos e hijas carecen de horarios que favorezcan la crianza, de licencias de maternidad y paternidad que les permitan tener fortalecer una relación íntima, periodos vacaciones como los del calendario escolar, acceso a servicios de salud de calidad, etc.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) estableció una concepción más amplia de la protección a la maternidad como función social relevante en el desarrollo de las familias. En este sentido, obliga a los Estados a adoptar las medidas necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, garantizando sus derechos en el ámbito laboral, tales como: prohibir el despido por motivo de embarazo, maternidad, o estado civil; establecer obligaciones para los empleadores de implementar el pago de la licencia de maternidad o prestaciones sociales sin pérdida del empleo; alentar servicios sociales que permitan a los padres combinar la vida laboral y familiar, tales como licencias de paternidad y estancias infantiles.

La protección integral de la maternidad que hace la CEDAW es muy relevante, ya que establece como obligación para los Estados tomar medidas apropiadas para modificar patrones socio culturales discriminatorios sobre los roles femeninos y masculinos, para lograr una mayor corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas relacionadas con el trabajo y la familia.

El fin último de esta protección deberá garantizar la posibilidad de que hombres y mujeres puedan conciliar su vida familiar y laboral en igualdad de circunstancias. Por lo tanto, el Estado mexicano tiene la obligación de establecer leyes y políticas públicas respetuosas de los derechos humanos que protejan la maternidad de las mujeres y garantizar el involucramiento de los hombres, de lo poner atención en estos elementos, nos perpetuaremos en el bla, bla, bla...

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