Veracruz y Sonora: todas pierden

Mientras que en Veracruz el congreso local aprobaba la iniciativa de reforma constitucional ante una audiencia con notable presencia de religiosas católicas, en Sonora los servicios de salud le negaron a una menor violada la anticoncepción de emergencia, la profilaxis para evitar la infección por VIH y el  acceso a una interrupción legal del embarazo.  Estos eventos demuestran, que la vida y la salud de las niñas y las mujeres es dejada en segundo plano cuando se trata de defender una idea confesional de vida que restringe efectivamente los derechos humanos.

El jueves 28 de Julio, con 34 votos a favor, 9 en contra y una abstención, se aprobó la reforma propuesta por el gobernador Javier Duarte, quien ha sido severamente señalado por ineficacia y corrupción. Pareciera una ironía que el mandatario celebre esta reforma “a favor de la vida” cuando su legado es un estado peligroso para quienes ejercen el oficio periodístico, donde las desapariciones y las ejecuciones están al orden del día.  Por ejemplo, la fiscalía reporta 2 mil 300 personas desaparecidas, aunque las organizaciones estiman que podrían llegar a 15 mil. 

El mandatario celebró en las redes sociales la aprobación de esta reforma, mientras que agencias de las Naciones Unidas reprochaban la reforma como una regresión que contribuye a estigmatizar, discriminar y que pone en riesgo a las mujeres.  La Oficina en México de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  y el Fondo de Población de las Naciones Unidas emitieron un comunicado conjunto donde señalan que la iniciativa del gobernador aprobada por el congreso tiene consecuencias graves en relación a los embarazos adolescentes, los abortos clandestinos y la muerte materna:

“La reforma aprobada supone una regresión, contraria al artículo primero de la Constitución y a los tratados internacionales ratificados por México, en el reconocimiento de los derechos humanos, puesto que podría contribuir a la estigmatización de las mujeres que quieran acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como provocar un efecto inhibitorio en los prestadores de dichos servicios”.

Efectivamente, si bien la reforma a la constitución local deja intactas las causales para aborto legal,  en los hechos se convierte en un obstáculo para que las mujeres y niñas obtengan servicios de interrupción legal del embarazo por los motivos contemplados en la ley. Por el contrario, GIRE ha documentado como mujeres con embarazos deseados en situación de emergencia obstétrica son criminalizadas y exhibidas ante los medios locales.

Mientras tanto, en Sonora, donde se tutela la vida “desde el momento de la fecundación”, se ha dado a conocer el caso de Citlali, a quien tras haber sido violada se le negaron los servicios de anticoncepción de emergencia, acceso a antirretrovirales e interrupción legal del embarazo en el Hospital de la Mujer de Hermosillo. Pese a que la Gobernadora Pavlovich ha anunciado que protegerá a la infancia, en los hechos se están violando los derechos de Citlali.

El médico legista certificó que hubo violencia física y el dictamen psicológico confirmó que Citlatli sufrió violencia psicológica, por lo que el responsable fue consignado por el delito de violación agravada. Sin embargo el juez reclasificó el delito por estupro, lo que es terrible pues implica que la niña dio el consentimiento.

Bajo este argumento, el Secretario de Salud Gilberto Ungson asegura que al ser estupro es imposible llevar a cabo una interrupción del embarazo, aunque la NOM 046 y la Ley General de Víctimas aseguren el derecho de Citlali para interrumpir su embarazo, que ya superó las 12 semanas, debido a la dilación administrativa.  Rebeca López, encargada del área jurídica de la Secretaría de Salud ha citado el artículo primero de la constitución local: “desde el momento de la fecundación de un individuo, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes”.

En los hechos, la protección de la vida en las constituciones locales no ha hecho sino obstaculizar el acceso a servicios de salud reproductiva y al ejercicio de los derecho humanos de las mujeres y las niñas. De vuelta a Veracruz, la subsecretaria de Mujeres Jóvenes del PRI de Veracruz, Tavata Calderón Heredia recomendó  tener “tantita puta madre para evitar quedar embarazada si no lo deseas”.  Triste retrato de un partido político que sumió al estado en una crisis financiera y de seguridad, que cierra con broche de oro su administración criminalizando a las mujeres y obstaculizando el ejercicio de sus derechos.