El sitio, Wikileaks.org, invita a la gente a subir materiales filtrados con el objetivo de desalentar un “comportamiento poco ético” entre empresas y gobiernos.

En la página se han publicado documentos sobre las supuestas “reglas de combate” de las tropas estadounidenses en Irak, un manual operativo de la cárcel estadounidense en Guantánamo, Cuba, y otro tipo de evidencias de lo que se consideran delitos y despilfarros corporativos.

La demanda en San Francisco fue presentada por un banco de las Islas Caimán: Julius Baer Bank & Trust.

En expedientes de la corte, el banco afirma que un “ex empleado enojado que ha emprendido una campaña de hostigamiento y terror” proporcionó a Wikileaks documentos robados, en lo que representa una violación a la legislación bancaria y a los acuerdos de confidencialidad.

Según Wikileaks, “los documentos supuestamente revelan estructuras secretas utilizadas para el encubrimiento de activos, lavado de dinero y evasión fiscal”.

El viernes pasado, el juez Jeffrey S. White, de la Corte del Distrito de San Francisco, emitió una orden legal que obliga a Dynadot- proveedor del nombre de dominio del sitio- a deshabilitar el dominio Wikileaks.org. La orden tuvo como efecto el bloqueo de la entrada principal del sitio, acción bastante ineficaz que mantiene otras entradas al sitio y varias copias de éste disponibles para los sofisticados usuarios de internet que saben cómo buscar.

White ordenó a Dynadot deshabilitar la dirección Wikileaks.org y “bloquearla” para evitar que la organización transfiera el nombre a otro proveedor.

La debilidad de esta decisión sugiere que ni el banco ni el juez entienden cómo funciona el sistema de dominios o qué tan rápido actuarán las comunidades virtuales para contrarrestar una decisión que consideran afecta la liberta de expresión en línea. “La orden de Wikileaks equivale a obligar a los impresores del Times a imprimir páginas en blanco”, señala el sitio.

Wikileaks informó que fue fundado por disidentes en China y periodistas, matemáticos y especialistas en computación de Estados Unidos, Taiwán, Europa, Australia y Sudáfrica. Su objetivo, dijo, es desarrollar “una especie de Wikipedia sin censura de documentos filtrados que no se pueden rastrear y de análisis”.

La orden de White de inhabilitar todo el sitio “es claramente anticonstitucional”, dijo David Ardia, director del Proyecto de Leyes y Medios Ciudadanos de la Escuela de Derecho de Harvard. “No existe justificación alguna bajo la Primera Enmienda para cerrar todo el sitio”.

(Traducción: Gabriela Cornejo)

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