Desde hace tres años, aproximadamente 40% del empleo formal generado en el país se realiza a través de outsourcing, es decir, cuatro de cada 10 trabajadores tiene ninguna o mínimas prestaciones, dijo en entrevista el investigador del Departamento de Finanzas y Economía del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, José Luis de la Cruz.

El outsourcing conlleva un "boquete" en las finanzas públicas por el incumplimiento de obligaciones patronales, como el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y cuotas por concepto de IMSS e Infonavit.

De hecho, las expectativas de nuevas contrataciones cayeron a menos 5.0%, y es cada vez más frecuente que los empresarios opten por las contrataciones temporales.

A decir del investigador, el gobierno federal tolera a estas empresas al representar "una válvula de escape" para disminuir el desempleo.

Para muestra, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo informó que la tasa de desocupación se colocó en 5.25% de la Población Económicamente Activa en abril pasado, la segunda más alta del año.

"En un afán por generar empleo, aunque sea en condiciones no adecuadas, el gobierno federal no ha sido lo suficientemente estricto para regular la actividad de outsourcing, lo que daña las finanzas públicas y la seguridad social de las personas" , opinó.

De la Cruz expuso que ante la crisis económica, la contracción a través de outsourcing "es una moda" para las empresas, por lo que urge regularizar esta situación.

El problema de fondo, explicó, es un débil sistema productivo por el que se recurre a soluciones intermedias que muchas veces están fuera de la ley y que a largo plazo serán un problema social y de finanzas públicas.

Tal es el caso de un empleado de la empresa de outsourcing "TMP de México" que subcontrata personal para una televisora, entre otras empresas. El trabajador comentó que su contratación es mensual, sin ningún tipo de prestación social, por lo que en caso de enfermedad debe cubrir sus gastos.

Sostuvo que la razón por la que acepta trabajar bajo estas   condiciones es la poca oportunidad laboral que existe en el país con un salario bien remunerado, aunque se cuente con un aceptable nivel académico.

El director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) , Marco Martínez, detalló que es difícil saber el número exacto de empresas que ofrecen servicios de terciarización, pero estima que hay alrededor de 700 a nivel nacional.

Aseveró que los costos de reclutamiento y selección de personal se incrementan con empresas que tienen giros diferentes al de recursos humanos, por ello es más rentable acudir a una empresa de outsorcing.

En tanto, el gerente comercial regional de Manpower, Fidel Arroyo, dijo que en los últimos años creció la necesidad de los empresarios de evaluar sus sistemas de contratación de personal.

"La gente está volteando mucho al esquema de empleo temporal" en todas las regiones del país, y aseguró que en el segundo trimestre aumentó la demanda de clientes en cuanto a consultoría y asesoramiento para toma de decisiones en materia de contratación.

Sin embargo, dijo, durante el segundo trimestre del año, por la crisis económica, se registró en México una disminución de las expectativas de contratación de los empleadores de menos 5% en prácticamente todos los sectores productivos.

Puntualizó que hoy el empleo temporal es una opción para que las empresas continúen en el mercado ante la crisis económica.

No obstante, el abogado laboral, Héctor Barba, insistió en que la subcontratación o terciarización es ilegal, porque la empresa para la que realmente labora el trabajador evade responsabilidades patronales y fiscales.

Además, la empresa de outsourcing paga al empleado salarios que no corresponden a su capacidad laboral y prestaciones, cuando las ofrece, menores a las que marca la ley.

"Pagan a los trabajadores salarios y prestaciones muy por debajo de las que prevalecen en la empresa donde presta sus servicios y esto es una situación totalmente ilegal" , aseguró el abogado.

 Dijo que si bien aún así existe una relación laboral, se cae en otra ilegalidad porque se crea una figura patronal ficticia, toda vez que el trabajador presta sus servicios a otra persona a la que fue contratada.

amr