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Hasta hace unos días, era casi imposible que un turista acostumbrado a no escatimar gastos, entendiera por qué en Los Cabos, debía bajarse de una limusina para subirse a un destartalado taxi.

Una ley estatal prohíbe, hasta el momento, la transportación turística en vehículos que no cuenten con placas de taxi.

Huéspedes anonadados y otros molestos observaron cómo los taxistas en plena calle exigían al otro conductor "devolver el pasaje".

La única opción para que los vacacionistas no tuvieran que cambiar de asiento en medio de los gritos, era que se comprobara que el servicio había sido contratado por internet, con lo cual, dicha ley no aplicaba.

Héctor Hernández, gerente de Ventas de Esperanza Resort, comentó que, gracias a las buenas relaciones del hotel con los gremios de taxistas, "se consiguió que éstos acudieran presentables: bañados, con uniforme y con unidades en buenas condiciones", aunque en su mayoría son autos "chocolate".

EL UNIVERSAL conversó con personal de otros hoteles para conocer cómo fueron afectados los huéspedes, sin embargo, en su mayoría pidieron no publicar sus nombres.

Un empleado relató que un grupo de cruceristas de la tercera edad fue obligado a descender de camionetas van, a pesar de que algunos tenían dificultades para caminar, lo hacían con bastón y hasta con tanques de oxígeno.

Otras veces fueron los hoteles los que, para no afectar al cliente, tuvieron que pagar el taxi en cortesía.

Actualmente la alternativa es rentar un auto, una opción económicamente atractiva, ya que si se utiliza el servicio de taxi cuatro veces, el gasto casi iguala la tarifa de un vehículo arrendado por día.

Además, hay hoteles como Los Patios que dan tarifas especiales.

Los entrevistados reconocen que lo peor está por venir. Aunque ahora las cosas se han "normalizado", cientos de empleados fueron despedidos y la mayoría teme que la mala imagen afecte las reservaciones en los próximos años.

EL DATO

El problema del transporte en Los Cabos tiene 18 años. Los taxistas alegan que las placas federales de las transportadoras privadas son ilegales