La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) propondrá cambios a la Ley de los Sistemas de Información Crediticia.
José María Arámburu, director general de Análisis de Servicios y Productos Financieros de la Condusef, adelantó que entre los ajustes que se plantearán está el eliminar de los registros negativos de deudas con montos mínimos. Hay casos, señaló, en donde se niega un crédito por un atraso de 200 o 100 pesos.
Otro de los planteamientos se refiere a obligar a Buró y al Círculo de Crédito a hacer una campaña masiva y anual sobre la forma de operar de las empresas.
Recordó que de acuerdo con encuestas de la Condusef, hay un elevado nivel de desconocimiento respecto a los servicios que ofrecen las sociedades de información crediticia.
También, indicó, se propondrá la “democratización” del capital social del Buró de Crédito, es decir, que en consejo de administración no sólo participen los bancos sino que se dé cabida a las empresas comerciales.
Arámburu dijo que otra de las reformas se relaciona con el artículo 23 de la ley, en la que se incluye el “derecho al olvido” y que establece que las personas sólo deben permanecer con un registro negativo un periodo máximo de siete años, “pero en la realidad esto no es cierto porque muchos acreditados se quedan con las claves negativas por tiempo indefinido”.
En enero de 2004, entraron en vigor cambios a diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, en las que se determinó suprimir reportes de créditos vencidos anteriores al 1 de enero de 2000 cuyo importe a dicha fecha fuera inferior a 3 mil pesos tratándose de personas físicas y de 10 mil en el caso de empresas.
Por lo general, estos registros se asociaban con errores no impugnados por los acreditados, los que, en muchos casos, desconocían la existencia del reporte negativo. La medida contribuyó a borrar 1.5 millones de créditos con vencimientos de personas físicas y 163 mil de empresas.
El funcionario destacó que además de esos ajustes se requiere precisar los en los que la cartera se vende a despachos de cobranza, ya que los morosos “se quedan en el limbo” y no saben con quién acudir para reclamar o saldar su adeudo.
Otro de los elementos que se deben eliminar es la facultad de los bancos de incluir en el historial la leyenda de “crédito reestructurado”, ya que ello implica un quebranto para la institución, y por consiguiente, cuando un usuario solicita un financiamiento se le niega.
José María Arámburu destacó que estas propuestas las presentarán ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en su momento se platicarán con los legisladores.
