Con el fin de reducir las extorsiones y fraudes a través de teléfonos
celulares, el senador priísta Mario López Valdés presentó una
iniciativa para tener un registro de todos los usuarios del servicio y
las autoridades puedan identificar a quien cometa un ilícito con uno de
estos equipos.
La propuesta, que fue turnada a las Comisiones Unidas
de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos del Senado,
pretende adicionar una fracción al artículo 64 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones que establezca la obligación de los concesionarios
de llevar el registro de todos sus usuarios.
Destaca que los 59
millones de celulares en el país “es el número de posibles armas a
disposición de la delincuencia. Las compañías telefónicas no sólo
lesionan la economía de los usuarios con tarifas tan altas, también
ponen la tecnología al servicio de la delincuencia como un vehículo de
agresión a la sociedad, y sin control alguno por parte del Estado, de
los nombres y domicilios de los dueños o usuarios”.
El senador
expuso que estos delitos suceden por la regulación deficiente que rige
la compraventa de líneas telefónicas celulares de prepago y los chips,
pues en esquemas de prepago muchas veces no se registran los datos de
identificación del comprador, por lo que aun cuando las autoridades
puedan conocer el número usado para cometer el ilícito, no tienen forma
de saber quién es el titular o usuario de dicha línea celular, mucho
menos su domicilio.
Señaló que un informe elaborado por el
Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, AC, revela que tan sólo en
el área metropolitana cada día se intentaban en promedio 200
extorsiones mediante vía telefónica.
