Éste es uno de los acuerdos a los que llegaron los empresarios del país, representados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y la CFC en torno de la nueva Ley Federal de Competencia Económica, que busca darle mayores atribuciones al organismo que dirige Eduardo Pérez Motta, y que encontró resistencia entre los dueños de compañías, quienes argumentaron que las nuevas facultades podrían generar abusos y discrecionalidad de parte de las autoridades en materia de competencia.

La propuesta original contemplaba que los recursos provenientes de las sanciones entraran a las finanzas de la CFC para financiar sus procedimientos e investigaciones.

Todo por los consumidores

"Lo que queda claro es que dentro del mismo proyecto de ley se señala que en ningún caso la CFC administrará o dispondrá de los fondos respecto de las multas", afirmó en entrevista Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC.

De acuerdo con el predictamen, las multas se multiplicarán cuatro veces respecto del nivel actual para alcanzar un monto de hasta 60 millones de pesos.

"Debemos reconocer que flexibilizamos nuestra postura para lograr proteger a los consumidores", reconoció el funcionario en entrevista.

Otro de los acuerdos que alcanzaron ambas partes fue el relacionado con las visitas de la CFC a las empresas que presumiblemente realicen prácticas monopólicas, mismas que deberán contar con la aprobación previa de un juez. En un principio se pretendía darle a la CFC todo el poder para realizar las inspecciones en cualquier momento.

"Nuestro objetivo era contar con una buena Ley de Competencia, que no quedaran lagunas que propiciaran inseguridad e incertidumbre jurídica a las empresas del país", explicó José Luis Barraza, presidente del CCE.

Dijo que se logró que la CFC ampliara sus facultades sin que ello transgrediera el estado de derecho de las empresas que operan en México.

El predictamen también establece que la CFC tendrá la facultad para dividir una empresa que cometa prácticas anticompetitivas, previa orden de un juez, como el recurso final en caso de que esta compañía no acate los ordenamientos del organismo y reincida.

Pérez Motta dijo que se acordó un procedimiento "exprés" para agilizar la autorización de fusiones empresariales que no tengan impacto en la competencia y en los mercados. Actualmente el visto bueno de la CFC puede tardar más de un año.

Agregó que en la nueva ley se contemplaron diversos artículos que estaban en el reglamento, de tal forma que se le darán nuevas facultades a la Comisión Federal de Competencia, se agilizarán los procedimientos administrativos y habrá una mejor operación de la mano del Poder Judicial.

En el caso de los procedimientos que realice la CFC, estos estarán ahora blindados para evitar que los amparos que tramiten las empresas retrasen el proceso ante cualquier recurso de amparo, lo que dará fuerza a la investigación del organismo, pero seguirá vigente el derecho de las compañías para seguir utilizando el amparo en contra de las resoluciones.

Además de la iniciativa original, se acordó eliminar la aplicación de sanciones precautorias y el concepto de grupo económico y se incorporó el de solidaridad, donde sólo se penalizará a aquellas empresas que ordenen y ejecuten una acción anticompetitiva.

En caso de aprobarse la ley, con las modificaciones acordadas por la CFC y el sector privado, el organismo podrá dar seguimiento y sancionar la depredación de precios, es decir cuando dos o más empresas se ponen de acuerdo para fijar condiciones en el mercado.