Los acontecimientos en Venezuela han venido atropellándose uno tras otro en los últimos días. Desde la detención del diputado opositor Edgar Zambrano, acusado de insurrección, traición a la patria, entre otros delitos, hasta el desalojo de la sede de la embajada de Venezuela en Washington, tomada desde hace semanas por leales al régimen de Maduro.

Esto último tuvo pocas réplicas en los medios a nivel internacional y sin embargo su análisis debería considerarse prioritario por su posible reverberación en otras sedes diplomáticas del propio país. El propio Nicolás Maduro ha señalado públicamente que el desalojo es una violación a la Convención de Viena, específicamente al artículo 22 que textualmente señala en su primer párrafo: “Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión”.

En este sentido, el ingreso del Servicio Secreto el pasado 16 de mayo a la sede diplomática ubicada en Georgetown, sería, sin lugar a dudas, una flagrante violación a la Convención. El objetivo, como he mencionado, fue sacar por la fuerza al colectivo Código Pink que ocupó la embajada en el momento en que ambos países rompieron relaciones el pasado 24 de abril.

Desde la visión de los ocupantes, el objetivo de permanecer dentro de las instalaciones era evitar que políticos opositores venezolanos pudieran ocupar la legación. Particularmente se trataría del embajador designado por Guaidó. Ante ello, el gobierno de Estados Unidos participó en una especie de asedio contra la sede a la que cortó tanto el agua como la electricidad para luego ingresar.

La violación no únicamente sería al primer párrafo, sino también al segundo que establece la obligación del Estado receptor de “adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad”.

El gobierno de Estados Unidos no solamente habría dejado de cumplir con su obligación de proteger el local, sino que hubiera sido el artífice de atentar contra su dignidad.

Sin embargo, desde otra perspectiva existe una lectura distinta. Recordemos que Estados Unidos es uno de los más de cincuenta países que, hoy por hoy, reconocen a Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela. En este sentido la justificación de Washington para el ingreso ha sido el entregar la sede diplomática al gobierno que de facto y de iure ellos reconocen.

Entonces, ¿hay o no una violación a la Convención? Por supuesto que sí la hay, porque el reconocimiento internacional de otros gobiernos es una manifestación unilateral del Estado receptor, no es su facultad el determinar la legitimidad emanada del gobierno, esta únicamente corresponde determinarla de manera interna al pueblo de Venezuela.

Lo anterior quiere decir que aun cuando el Estado receptor no reconozca al gobierno que ocupa el poder (como en este caso que no reconoce al gobierno de Maduro, sino al de Guaidó), no está dentro de sus atribuciones el ingreso a la sede diplomática pues es una afrenta directamente contra el Estado venezolano, no importando su gobierno.

El antecedente creado con la violación provocada por Donald Trump y el gobierno de EU es muy peligroso a nivel mundial y así deberá ser denunciado si queremos evitar un nuevo clima de atropellos e ilegalidades.

Analista internacional

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