Desastres, responsabilidad, reconstrucción

Preguntarse ¿qué causó el sismo del 19 de septiembre pasado? es diferente a cuestionarse ¿qué causó los estragos que estamos viviendo por ese sismo? La primera pregunta tiene una respuesta científica y técnica que poco a poco vamos entendiendo: de acuerdo con el Instituto de Geofísica de la UNAM, lo que sucedió es que la Placa de Cocos, la placa marina que está metiéndose debajo de la placa continental, que es donde está asentada la mayor parte del territorio nacional, se rompió a 54 kilómetros de profundidad, pero con la característica peculiar de que dicha ruptura fue muy cerca de la capital del país (a 100 km).

En el aspecto técnico científico sabemos que la CDMX está asentada en una zona muy inestable. Existen amplios estudios sobre las zonas de riesgo en todo el país y después de la muy amarga experiencia del sismo de 1985 que afectó principalmente a esta urbe, se establecieron normas para la construcción inmobiliaria que, a decir de los expertos, son una de las reglamentaciones más exigentes del mundo, pero que rara vez se cumple.

Falta mucho por avanzar en este campo de la ciencia, porque aún no se pueden “predecir” los sismos, de manera que permitiera contar con tiempo suficiente para tomar medidas de salvamento. No se sabe cuándo, dónde, ni la intensidad del sismo.

La catástrofe que estamos viviendo es resultado del contubernio entre los encargados de aplicar la norma en materia de construcción y las empresas inmobiliarias, con insaciables afanes de lucro. Para los expertos en temas de urbanismo, hablar del “mercado inmobiliario” en México, es hablar de un urbanismo salvaje, porque de acuerdo con la Ley General de Protección Civil de 2012, se tipifica como delito grave construir o urbanizar en zonas de riesgo y sin embargo se construyó en dichas zonas.

De acuerdo con el académico Sergio Aguayo, el tamaño de la corrupción es proporcional al tamaño de las ganancias obtenidas. Según Aguayo, la construcción de 4 mil 500 edificios ilegales al amparo de la Norma 26 (suspendida en 2013) de la Seduvi, generó ingresos por al menos 200 mil millones de pesos a los desarrolladores, que no la cumplieron.

Deben fincarse responsabilidades penales a quienes pusieron en riesgo la vida y el patrimonio de miles de ciudadanos, incluyendo a los políticos corruptos de todos los colores partidarios que estén involucrados. Los responsables no pueden ampararse en la fuerza y lo atípico del fenómeno. Existen construcciones que demuestran que la ingeniería bien aplicada permite resistir los embates de la naturaleza. Es tiempo de repensar el modelo económico, el urbano y la vida toda en nuestra zona sísmica.

Profesora de la Facultad de Economía e Integrante del CACEPS–UNAM.
caceps@ gmail.com