La despenalización del uso recreativo de la cannabis se trata de una estrategia con objetivos diversos. Sobre todo es un asunto de salud pública, de seguridad interior, de impuestos, y algunas veces llega a despertar el debate sobre los derechos laborales en su compleja estructura. El énfasis en cada uno de estos objetivos es también el mensaje institucional sobre el uso de la cannabis.

Si bien toda experiencia considera que su consumo no es más peligroso que el del alcohol o el tabaco y que su consumo en la ilegalidad genera riesgos mayores, las experiencias de despenalización en algunas ciudades muestran ya debilidades y aciertos.

Amsterdam, una ciudad que a través de la venta de cannabis experimentó un turismo particular, decidió en 2013 limitar el consumo de la planta a los residentes del país. La calidad de vida de los vecinos había disminuido, por lo que hoy quienes deseen consumir cannabis en sus coffee-shops deben acreditarse como residentes.

Además, sus coffee-shops deben respetar ciertas regulaciones de convivencia como son: no causar ruidos excesivos, no vender más de 5 gramos por transacción, no vender cannabis a menores, y no tener anuncios exteriores sobre la cannabis. Esta restricción a la publicidad de la cannabis es una señal de que la política no es hacer apología sobre su consumo, sino ofrecer un marco de consumo menos riesgoso. En la ciudad de Amsterdam, el 16% de los habitantes que promedian 28 años han fumado alguna vez cannabis. En México, el rango estadístico oficial abarca de 17 a 34 años, del cual 13% ha consumido cannabis alguna vez.

Sobre otras experiencias por venir, en Francia se discute un proyecto para despenalizar el consumo de cannabis. En efecto, ser sorprendido consumiendo cannabis es un delito en ese país aunque en la práctica, sólo el 17 por ciento de los casos son enviados a prisión. Cabe mencionar que Francia es el principal consumidor europeo de cannabis.

En el contexto de esta discusión, algunos estudiosos franceses han optado por subrayar la complejidad y eficacia de este negocio, así como las precarias condiciones laborales que entraña la ilegalidad de la cannabis. Un cálculo indica que el organigrama de su distribución abarca aproximadamente 240 mil personas, lo que sería la misma cantidad de empleados que tiene el servicio postal de aquel país.

Desde la perspectiva de los derechos laborales, un investigador del Instituto Nacional de Altos Estudios sobre Seguridad y Justicia, —Nacer Lalam— habla incluso de la existencia de un “proletariado de la cannabis”, pues en el negocio subsisten condiciones laborales diferentes al que vive el resto de los trabajadores del país. Estos trabajadores no cuentan con sindicato y laboran en condiciones peligrosas, además de que son mal pagados.

En un anuncio de un barrio periférico francés se lee : “Se busca centinela. Perfil : joven, deportista, respetuoso con clientes y clientas. Horario de trabajo: de 10 a 22 horas (adaptados a los horarios de venta). Precio: 100 euros por día”.

En todo caso, la despenalización de la cannabis es fundamentalmente una política de salud pública y de seguridad interior en la mayoría de los países donde es una realidad o se discute. Sin embargo, las ventajas económicas son relevantes : en Canadá, a seis meses de que entre en vigor su legalización para fines recreativos —julio 2018—, se estima en 8 billones de dólares canadieneses la ganancia anual, y en 500 millones los impuestos sobre ella.

En este caso, la compra de la principal productora de cannabis terapéutica del país con 15 años de experiencia —CanniMed— ha sido clave en la estrategia de “Aurora Cannabis” para implementar un mercado recreativo en seis meses. La regulación de los lugares y otras restricciones para venderla y cultivarla aún están por conocerse en Canadá, y evidentemente éstas serán un mensaje importante sobre su consumo para su población.

Socióloga

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