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Pescadores lanzan ultimátum al sector ambiental

Habitantes del Alto Golfo de California, entre BC y Sonora, acusan que autoridades federales no los dejan pescar y les retiraron apoyos; esperan respuesta antes del 20 de marzo
A las protestas se unieron unas 3 mil familias de San Felipe, Baja California, y del Golfo de Santa Clara, Sonora, quienes dependen de la pesca. (ALEJANDRO ROCHA. EL UNIVERSAL)
12/03/2017
01:16
Enrique Alvarado, Andrés M. Estrada y Alejandro Melgoza
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Los habitantes del Alto Golfo de California comenzaron a llorar y gritar de coraje afuera de las tiendas de autoservicio el pasado 8 de marzo. Sus cuentas en el banco estaban vacías. Llegó la faceta más crítica de su economía: no hay dinero del programa de compensación a pescadores, no hay empleos y no pueden sacar ni un solo producto del mar por la medida que protege a la vaquita marina. Viven al día.

El Programa de Compensación a Pescadores para la Protección de la Vaquita Marina fue anunciado por Enrique Peña Nieto en abril de 2015 para preservar a la especie silvestre en peligro de extinción. Durante dos años se destinaron mil 40 millones de pesos a casi 3 mil personas involucradas en el sector pesquero, pero nunca hubo de fondo una solución integral, según expertos.

“El pueblo completo se llenó de coraje e impotencia por las omisiones y burlas de los miembros que integran Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales]. Es una omisión de [Rafael] Pacchiano [secretario de la institución]”, dice una pobladora del Golfo de Santa Clara, quien atestiguó cuando los vehículos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) eran desalojados de la zona ante el número de personas aglomeradas en la protesta.

Esa noche del 8 de marzo, los pobladores quemaron vehículos y persiguieron a las autoridades. “Vamos por todos los corruptos”, dijeron ese día, organizándose al no obtener respuesta del gobierno federal, cuyo secretario medio ambiental —Rafael Pacchiano — no recibió a los representantes pesqueros que acudieron esta semana a la Ciudad de México.

El representante de San Felipe, Sun- shine Rodríguez, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que las comunidades pesqueras tienen cuatro meses solicitando audiencia sin ser recibidos por el titular para dar seguimiento al programa de compensación.

“El 20 de marzo es nuestro plazo para esperarlos, no vamos a permitir que llegue otra marea. No quiero imaginarme el estallido social de todas las comunidades, rompiéndose la liga de comunicación con las autoridades, veo muy difícil volver a sentarnos a negociar”, sentenció. Carlos Tirado, representante en el Golfo de Santa Clara, señaló que desde el lunes 6 de marzo arribaron a la CDMX para dialogar con autoridades y buscar una solución a la prohibición de la pesca de corvina.

Desde esa fecha hasta el miércoles tocaron puertas de Sagarpa, tuvieron una reunión con diputados del PRI y del PAN, lo mismo en el Senado.

La maestra Catalina López-Sagástegui, investigadora asociada a la University of California Institute for Mexico and the United States (Uc Mexus), reflexionó que el programa fue un acierto, por ser inédito y mostrar disponibilidad del gobierno.

“Fueron dos años en que pescadores recibieron compensación, pero no vimos una inversión en las comunidades para generar sociedades resilientes, hubo falta de coordinación y claridad entre dependencias e incluso pescadores, sobre cómo distribuir el dinero. Debe haber un diálogo transparente sobre tanto dinero invertido”. Este problema, dice, sí hay manera de compatibilizarlo entre la conservación con extracción de recursos, así como un desarrollo social y comunitario.

EL UNIVERSAL documentó en diciembre del año pasado la advertencia que lanzaron los pescadores ante el sofocamiento económico que viven por la veda, mientras la tasa de vaquita marina había decrecido. Ninguno mejoró. El enojo creció: “Estamos en hartazgo”.

Tras solicitar la postura de la Semarnat sobre el conflicto en el Alto Golfo, al cierre de edición Diana Aspiros, directora de Información, señaló que hasta el momento la postura del sector está reflejada en el comunicado difundido por la Profepa el 9 de marzo, donde informaron que se actuaría legalmente en contra de los autores materiales de destrozos en la protesta.

 

“Nuestra bandera es el hartazgo”. La irritación de los pobladores comenzó desde el 1 de marzo por irregularidades en el programa que se reflejaban en la suspensión de los depósitos de apoyo económico y la incertidumbre por su continuidad.

Siete días después no obtuvieron respuesta oficial, por lo cual sus representantes viajaron a la CDMX para buscar una reunión con la Semarnat. Al ver cerradas las puertas del gobierno federal y encontrar en ceros sus cuentas bancarias, el pueblo explotó, de acuerdo con los líderes y habitantes del pueblo ubicado en el polígono donde habita la vaquita marina.

La corvina es un pez que representa un ingreso a la economía local ante la prohibición de otras especies.

Sobre los cargos presentados por la Profepa, pescadores aclaran: “Nunca se les quemaron departamentos; fueron 10 vehículos”.

En ese contexto, pescadores consultados por EL UNIVERSAL, señalaron que ahora viven endeudados.

“El mar está totalmente intocable. El pueblo completo está lleno de coraje e impotencia por las omisiones y burlas de los miembros que integran Semarnat”, lamentan los pobladores.

 

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