De la inoportuna reforma electoral a las claves de la discusión en 2021

La semana pasada fuimos testigos de la vorágine mediática en torno a la discusión de una posible reforma electoral y de su inmediato “enfriamiento” por parte del mismo Presidente de la República y de los coordinadores parlamentarios del partido en el gobierno.

Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia del miércoles 19 de junio, decidió desmarcarse de la iniciativa presentada por el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, informando que este año tienen otras prioridades, y recordó que, como ofreció en campaña, presentarán una propuesta de reforma constitucional después de las elecciones de 2021.

Tambien el diputado Mario Delgado, frenó la discusión y aclaró que aún “no hay nada definido en materia de reformas electorales, tampoco respecto de los organismos electorales federales y locales” y que seran muy responsables y cuidadosos con el tema. El senador Ricardo Monreal declaró que traen otras prioridades en la agenda legislativa, y aunque debe haber una reforma de cuarta generación en materia electoral, no es convincente que sea con la supresión de los OPLES, como propusieron algunos diputados de su partido.

Al mismo tiempo, legisladores y presidentes de partidos políticos de oposición como PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano se pronunciaron en contra de la propuesta de reforma, argumentando que pretende debilitar a las instituciones. Incluso, partidos aliados de Morena como el PT rechazaron la propuesta, y la dirigente nacional de Morena Yeidckol Polevnsky prefirió no asistir al foro convocado por Gutiérrez Luna.

La sensatez del Presidente de la República y de los coordinadores parlamentarios, resulta razonable y plausible, pues la agenda legislativa enfrenta retos prioritarios en lo que resta del año, aunado a que cualquier reforma electoral debe construirse desde el consenso. La élite política concluyó que la modificación de las reglas de acceso al poder no resulta una prioridad en esta coyuntura, y que cuando llegue el momento habrá de analizarse a partir de diagnósticos serios, para que contribuya al fortalecimiento democrático en nuestro país y no a su involución.

Sin embargo, hay que tomarle la palabra al Presidente López Obrador y avanzar en el abaratamiento del modelo electoral mexicano, aun cuando ello no implique reformas constitucionales y sin poner en riesgo la eficiencia y la certeza de las elecciones y, por otra parte, empezar a trabajar en estudios y diagnósticos serios para llegar a la discusión de una reforma en 2021.

Sobre el primer punto, hay áreas de oportunidad para abaratar los costos en el ámbito local. En los procesos electorales, se puede explorar la reutilización de materiales electorales, la operación de PREPs propios, o la disminución en la duración de consejos municipales y distritales. Fuera de procesos, se podrían fusionar áreas ejecutivas. Ninguna de estas medidas requiere reformas constitucionales. Bastaría ingenio, suma de voluntades y, en algunos casos, reformas legales locales.

Respecto a lo segundo, deben escucharse la mayor cantidad de voces en los próximos dos años para llegar al debate legislativo con diagnósticos certeros y no tomar decisiones con base en falsos supuestos. Debe abrirse la oportunidad para escuchar no solo a los políticos, a las burocracias electorales y a los académicos, sino también a la ciudadanía, que es en quien finalmente descansa la operatividad de una elección, y a quienes siempre se deja al margen de la discusión. Cualquier propuesta que se ponga sobre la mesa debería antes considerar si facilita las tareas de la ciudadanía que participa como integrantes de los consejos municipales y distritales, como capacitadores – asistentes electorales y como funcionarios de casilla. Esto puede lograrse a través de foros regionales o distritales. La buena noticia es que de acuerdo a lo manifestado por los actores políticos hay tiempo para desarrollarlos, y qué bueno, porque no por mucho madrugar amanece más temprano, y la historia nos dice que en asuntos públicos relevantes, como son las reglas de acceso al poder político, la prisa nunca ha sido buena consejera.