CIDH condena muerte de 28 internos tras riña en penal de Acapulco

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita al gobierno federal continuar con la investigación iniciada, identificar a los responsables y establecer las sanciones pertinentes
Archivo / EL UNIVERSAL
13/07/2017
18:57
Redacción
Ciudad de México
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos de violencia ocurridos en el penal de Las Cruces, en Acapulco, y donde murieron 28 personas, mientras que por lo menos 3 resultaron heridas.

El organismo solicita al Estado a continuar con la investigación iniciada, identificar a los responsables y establecer las sanciones pertinentes.

Durante la madrugada del 6 de julio 2017, se registró un motín al interior del Centro de Reinserción Social de Las Cruces, de Acapulco, Guerrero, originado por una riña entre grupos contrarios en el módulo “de máxima seguridad”.

“La Comisión Interamericana advierte que en el Estado mexicano prevalece una situación de violencia carcelaria. En este sentido, la CIDH ha expresado su preocupación por la reiteración de hechos que reflejan la ausencia de medidas de seguridad efectivas para garantizar los derechos a la vida y la integridad personal de las personas privadas de la libertad. De manera reciente, la Comisión se pronunció al respecto en sus comunicados de prensa 16/16 de 18 de febrero de 2016, y 86/16 de 23 de junio de 2016 en que condenó la muerte de 49 personas privadas de la libertad y de 3 internos, respectivamente, como resultado de motines iniciados por el enfrentamiento entre integrantes de grupos contrarios”, se lee en un comunicado previo y referente a los hechos de violencia en el penal de Topo Chico. 

En su Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México, la CIDH destacó la situación de inseguridad, y las condiciones que permiten o propician hechos de violencia entre internos, como patrones comunes y estructurales que caracterizan la problemática carcelaria.

La CIDH subraya que los Estados, como garantes de los derechos de las personas privadas de libertad, tienen el deber de garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos.

La Comisión enfatiza que los Estados tienen la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia.

“Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que por acción u omisión pudieran ser responsables. El Estado ha informado a la CIDH que existe una investigación en curso, y la Comisión dará seguimiento a la misma”, agrega. 

ahc

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