Piden se respete fallo de la Corte en Baja California Sur

Propietarios de un predio denuncian a autoridades y jueces locales de no respetar una resolución de la SCJN para que se impida la venta de terrenos a invasores
27/05/2017
16:01
Redacción
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Jueces y autoridades en Baja California Sur incumplen una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al no respetar la declaración de un predio en Cabo San Lucas de no permitir la venta a invasores de terrenos en esa localidad.

Víctor Blake Gómez, abogado de los propietarios de los terrenos resaltó que existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Inconformidad 61/2014), que reconoce a los verdaderos y legítimos dueños. Sin embargo, autoridades judiciales en la entidad y de la administración pública federal evaden restablecer el pleno goce de sus derechos a quienes les pertenece conforme a la ley el predio, situación que ha llevado a un pleito legal durante 11 años.

“Han sido once años de juicios y sentencias ganadas, todas y cada una, y con la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero hay funcionarios que al parecer, desconocen las leyes, o el estado jurídico real del asunto, y apoya a sus amigos”, expuso Víctor Blake, quien dirige el bufete que como firma lleva su apellido.

Denunció que los propietarios legales han sido víctimas de una red de corrupción administrativa en estado de Baja California Sur, puesto que se ha protegido a quienes han violentado las leyes, ya que han inventado claves catastrales, folios reales en el Registro Público de la Propiedad y generando autorizaciones judiciales de venta ilegal, entre otros actos. “Existe una resolución de la SCJN a favor del legítimo dueño, pero no se cumple”, reiteró.

Según Blake, un supuesto inversionista interesado en la compra del predio, consultó a su bufete, para verificar el estado legal de los terrenos, puesto que tenía conocimiento de que había un litigio, y que el un funcionario federal aseguró a otro grupo de inversionistas que todo estaba en orden y que podían adquirirlo, situación que agudizó las irregularidades, por lo que pidió que se aplique la ley.

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