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En 7 años, 62 niñas abortaron

El IMSS y el ISSSTE llevaron a cabo en este periodo los procedimientos a menores de edad y adolescentes que fueron víctimas de violación
En los últimos cinco años, el GIRE ha documentado y litigado al menos 23 casos de negación de servicios de aborto en todo el país (ARCHIVO EL UNIVERSAL)
08/03/2017
02:23
Teresa Moreno
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En los últimos siete años, las secretarías de Salud locales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), realizaron 62 procedimientos de aborto a niñas y adolescentes menores de edad víctimas de violación, reportó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Estas intervenciones representan 0.2% del total de las 28 mil 252 niñas y adolescentes que fueron agredidas sexualmente entre 2009 y 2016, según las denuncias por violación que recibieron en ese mismo periodo, las procuradurías generales de justicia locales y la Procuraduría General de la República (PGR).

En todo el país, 70 mil 630 mujeres de todas las edades denunciaron haber sido violadas entre 2009 y 2016; de ellas, cuatro de cada 10 mujeres violadas en México, tenían menos de 18 años de edad.

En los últimos cinco años, el GIRE ha documentado y litigado al menos 23 casos de negación de servicios de aborto en todo el país, algunos de estos casos fueron de niñas de hasta 10 años, a quienes las autoridades de los servicios de salud les negaron el acceso a los servicios de aborto.

“Continúa la idea de que el aborto es un delito, acuden al centro de salud y los médicos tienen la información errónea de que es un delito y dilatan los procedimientos. Otras veces las mujeres están en contextos de violencia muy severos y no es tan fácil para ellas salir de ese contexto e ir a denunciar”, comentó en entrevista Karen Luna Rodríguez Bueno, investigadora jurídica en el GIRE.

Está el caso de Paloma, cuyo nombre fue cambiado para proteger su identidad, y quien tenía 10 años de edad cuando fue violada.

La niña, originaria de Tabasco, quedó embarazada pero los servicios de salud de la entidad se negaron a proporcionarle el acceso al aborto.

Mientras pasaba los días internada, su estado de salud iba agravándose. No recibió medicamento para sobrellevar la situación. “La fiscalía general intentó obstaculizar al reclasificar el delito de violación como pederastia. Así, implicaba que Paloma no podría más que llevar el embarazo a término, al no ser considerada en el proceso penal como víctima de violación sexual”, señala el reporte Violencia sin interrupción, del GIRE.

“El comité de bioética del hospital concluyó que Paloma ‘no está mal de salud, tiene los malestares normales de cualquier embarazo que se ven agravados porque sólo tiene 10 años’, que el producto era viable y que como habían tenido otros casos de niñas de hasta nueve años que 'dan a luz sin problemas', para ellos Paloma no corría peligro”.

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