ONU mujeres pide revisar amparo otorgado a uno de los “Porkys”

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por los altos niveles de impunidad en México en materia de violencia sexual y la interpretación judicial que permitió otorgar el amparo a Diego Cruz, uno de los “Porkys”, señalados de atacar sexualmente a la joven Dafne cuando era menor de edad.

La representante de ONU Mujeres, Ana Güezmes, expuso que “con el respeto a la autonomía de las autoridades mexicanas sí expresamos nuestra preocupación porque efectivamente es un caso emblemático y sí nos sumamos a esta idea de justicia para Dafne.

“Sabemos que ha sido valiente y nos gustaría hacer un llamado a que se revise esta sentencia y esta manera de interpretar la violencia sexual”, dijo.

De acuerdo a la sentencia del juez tercero de Distrito, Anuar González, -interpretación cuestionada por Güezmes-  no se habría acreditado el delito de pederastía, al no hallarse elementos como indefensión de la víctima, abuso sexual, y la intención lasciva de satisfacer apetito sexual.

“La ONU Mujeres expresa su preocupación por los altos niveles de impunidad que existen en materia de violencia  sexual y nos preocupa  un poco la interpretación que se ha dado a la evidencia en este caso en particular”, indicó la funcionaria al demandar cero  impunidad en todos los casos.

La violencia hacia las mujeres “es la violación a los derechos  humanos más extendida en el mundo más preocupante por la magnitud del problema y altos niveles de impunidad” y además ocurre en el hogar, el espacio público, por lo que, expresó el llamado a combatirla.

Los tres pilares para atacarla son la prevención, la cero tolerancia a la impunidad y sumarse como sociedad.

“Este caso de Dafne ha sido positivo en el sentido de que ha generado una respuesta social muy fuerte de solidaridad a ella y su familia”, expuso en entrevista en el Foro “Igualdad de Derechos y Paridad de Género, en la Agenda Internacional: Avances y Retos del Sistema Mexicano de Justicia”, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En él, la magistrada presidenta del TEPJF, Janine Madeline Otálora Malassis planteó la urgencia de fortalecer los esfuerzos institucionales para poner fin a todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas “en los ámbitos público y privado, y velar por una participación plena y efectiva y la igualdad de oportunidades de liderazgo”.

El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) Santiago Nieto Castillo alertó sobre el crecimiento de la violencia política de género, de la que son víctimas las mujeres candidatas, funcionarias electorales y servidoras públicas.

Aunque se ha avanzado en la visibilización del problema, “creo que es importante que demos un esfuerzo y un trabajo adicional” para abatir la impunidad, mencionó.

Sobre este punto, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseveró  “bienvenida la criminalización” de los responsables de violentar políticamente a las mujeres, pero alertó: “¡cuidado con la criminalización porque suelen pagar los más desfavorecidos, los más pobres los más desprotegidos”.

No es un problema de combatir y sancionar, “penalizar a los que menos, a los más sufren, digamos, en las desigualdades que atañen, que aquejan a nuestra sociedad. El problema es cultural” para que se asimile que la democracia es paritaria, para hombres y mujeres.

Córdova planteó que “la discriminación al final del día lo que requiere para su combate es precisamente, la definición de políticas públicas y de actitudes públicas” de las autoridades encargadas de combatirlas.