Por la violencia sexual, tortura, detención arbitraria y retención ilegal en contra de dos hermanos, mujer y hombre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a Raúl Cervantes Andrade, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), y a Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad.
La recomendación 12/2017 también acreditó la violación al debido proceso de ambas víctimas en la Ciudad de México, atribuible al personal de la Policía Federal.

Los jóvenes fueron detenidos por agentes de la Policía Federal el 8 de junio de 2011; según la queja presentada por la madre de las víctimas, la chica fue detenida en las calles de Lucas Alamán, entre Simón Bolívar y Eje Lázaro Cárdenas, colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc, cuando caminaba a la estación Doctores del Metro.
La mujer relató que los agentes la arrastraron, le apuntaron con una pistola y la introdujeron a un vehículo azul.
Después, le taparon la cabeza con una chamarra y la tiraron al piso del coche.
La joven fue trasladada a un lugar donde fue interrogada, esposada y golpeada en la cabeza y diversas partes del cuerpo.
Dos de los agentes también la agredieron sexualmente.
El otro menor fue detenido ese mismo día cuando circulaba a bordo de su automóvil por la avenida Canal de Apatlaco y Eje 3. Un vehículo se le cerró y un sujeto armado le ordenó descender y tirarse al piso.
La víctima fue esposada y golpeada.
La joven fue trasladada a las instalaciones de la SIEDO  (hoy SEIDO, Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) de la PGR, donde fue obligada a firmar un documento del cual desconoció su contenido. 
En la puesta a disposición suscrita por agentes federales informaron que el 9 de junio de 2011, alrededor de las 8:25 horas, detuvieron en flagrancia a varias personas, dentro de las que se encontraban los dos hermanos, en la Delegación Venustiano Carranza.
Los agentes aseguraron que acudieron a verificar una denuncia anónima recibida a las 2:07 horas de la misma fecha, en que les informaron que “una banda de secuestradores planeaba el secuestro de una persona a las 04:30 horas”.
La CNDH acreditó violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad y libertad personal de ambos agraviados, por detención arbitraria y retención ilegal, derivado de la dilación en la puesta a disposición; asimismo, la violación a la integridad personal por tortura y violencia sexual contra la mujer. 
También se acreditó que existió violación al derecho de acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia y a la verdad, derivando en violación al debido proceso.
El organismo nacional recomendó a Cervantes Andrade continuar la debida integración y perfeccionamiento de la investigación ministerial que se encuentra en trámite; que el Representante Social de la Federación dé seguimiento al recurso de apelación interpuesto contra la orden de aprehensión negada en contra de un servidor público por el delito de tortura y perfeccionar su pretensión punitiva y proceder conforme a derecho.
A Renato Sales Heredia solicitó reparar el daño a los agraviados, que incluya una compensación a la mujer, además de la atención psicológica para ambos; colaborar en la integración de la averiguación previa.
A ambas instituciones se les solicitó capacitar a sus agentes en materia de derechos humanos.
La CNDH pidió que en todos los operativos en que intervenga la Policía Federal se utilicen cámaras fotográficas, de videograbación y grabación de audio, y almacenar dicha información para verificar que la actuación de los servidores públicos fue legal.

ml

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