Piden a Corte confirmar sentencia contra militar por desaparición forzada

Distintas organizaciones solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación negar un amparo al teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, acusado por desaparición forzada, afin de que este caso no quede impune
23/02/2017
14:24
Dennis A. García
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El Centro ProDH y otras organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el caso que analizan de un teniente coronel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sentenciado por desaparición forzada no quede impune.

Ayer la Primera Sala del Alto Tribunal decidió reprogramar la discusión del amparo directo en revisión interpuesto por el teniente coronel José Julián Juárez Ramírez que argumenta por medio de su defensa que el tipo penal de desaparición forzada contemplado en el artículo 215-A del Código Penal Federal es inconstitucional ya que la expresión “independientemente” es un concepto vago.

En un comunicado, el Centro ProDH, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; entre otros, expresaron su respaldo al proyecto del ministro José Ramón Cossío que propone confirmar la sentencia y considerar constitucional el delito de desaparición forzada.

“Dada la trascendencia de esta discusión, las organizaciones firmantes hemos presentado un memorándum a la y los ministros de la Primera Sala. Las organizaciones hemos resaltado que dicho delito no contraviene ni la Constitución ni los tratados internacionales al posibilitar el reproche penal de quienes participan como perpetradores en la desaparición forzada, al margen de que hayan participado o no materialmente en la detención legal o ilegal de la persona. Por el contrario, al incluir esta posibilidad abre la puerta a que sean responsabilizados los autores mediatos o intelectuales”, indicaron.

El teniente coronel fue comandante de la Tercera Compañía de Infantería no Encuadrada, en el estado de Chihuahua, y se le responsabilizó de haber propiciado y mantenido dolosamente el ocultamiento de un hombre que fuera arbitrariamente sustraído de su domicilio por elementos castrenses, mantenido incomunicado y sujeto a actos de tortura en marzo de 2009.

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