Tras mencionar que a principios de febrero de dará a conocer las medidas de austeridad en el gasto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez enfatizó que se debe conocer el destino de los ahorros que se obtengan y “no que queden como recursos disponibles para una asignación discrecional”, e incluso que se puede prestar a una simulación.

Entrevistado luego de participar en el Informe Especial "Adolescentes: Vulnerabilidad y Violencia", el presidente de la CNDH hizo un llamado al poder legislativo para la creación de una ley que imponga los parámetros, alcance y medidas concretas de racionalidad en el gasto, así como en el destino que se dé a los recursos.

Comentó que de nada sirve la racionalidad en un aspecto del gasto público, sino se pone un alto a la corrupción y la falta de transparencia; asimismo comentó que se debe investigar el origen del problema en el aumento de las gasolinas.

“Es preciso que se revise y transparente el manejo que se ha dado a los recursos públicos en el ámbito en el que se generó la problemática que dio origen a estos aumentos”, aclaró.

Dijo que la sociedad merece que se revise, se explique y se transparente, “más allá de las simples declaraciones”, la lógica y racionalidad de las medidas que se adoptaron”.

“Es pertinente señalar que si los poderes, las instituciones, las instancias de gobierno determinan por si mismas sus medidas de racionalidad, el alcance de las ellas puede ser limitado, prestándose inclusive a la simulación”.

EL UNIVERSAL publicó que la CNDH tiene destinados casi 250 millones de pesos para ser repartidos entre mil 689  servidores públicos de mando y operativo, incluidos el ombudsman nacional y los Visitadores.

Bajo el concepto de “pago extraordinario anual unitario máximo”, el presidente de la CNDH recibirá 503 mil pesos, independientemente de su sueldo.

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