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El incremento al impuesto aplicado a cigarros en México a partir de 2010 no ha registrado reducción en el consumo, al contrario, ha promovido la aparición de productos ilegales que no cubren con las normas sanitarias mexicanas, advirtió Raúl Picard del Prado, titular de la Comisión de Comercio Interior y Mejora Regulatoria de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Aseguró que un análisis realizado por este organismo arrojó que del consumo total de cigarrillos en el país 17% corresponde a cigarros ilegales.

“Con las bebidas alcohólicas y los cigarros se ha demostrado que el incremento a los impuestos no genera reducción en el consumo pero sí genera una distorsión en el mercado”, comentó Picard del Prado. La entrada de cigarros ilegales al país deja pérdidas al fisco de hasta 6 mil millones de pesos anuales, de acuerdo con datos de Concamin.

“Esta competencia desleal afecta al mercado interno y a la cadena productiva de nuestro país”.

Durante la destrucción de casi 27 millones de unidades de cigarros ilegales, el titular de la Comisión de Comercio Interior de la Concamin agradeció los esfuerzos de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Procuraduría General de la República (PGR) para combatir este delito, que “es una de las formas más utilizadas para el financiamiento del crimen organizado, así como del terrorismo”.

“La venta de cigarros ilegales con el incremento de impuestos le ha ido entregando el sector productivo formal a la delincuencia organizada. Esto se ha convertido en una fuente de financiamiento para estas organizaciones que pone en riesgo la salud pública y la seguridad nacional”, enfatizó Picard del Prado.

En las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) se llevó a cabo la destrucción de 2 mil 679 cajetillas de cigarros procedentes de China, India y Uruguay, aseguradas en julio pasado en una bodega ubicada en la delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

Rafael Mateos Poumián, titular de la unidad especializada de la PGR, dijo que el tabaco asegurado no cumple con las normas sanitarias mexicanas ni con los procedimientos de importación aduaneros y fiscales.

“Estas conductas habían representado cuantiosos ingresos para financiar otras actividades delictivas y para afectar de manera inmediata la salud de los ciudadanos y la hacienda del gobierno de la República. Las investigaciones continúan y seguiremos afectando la economía del crimen”, comentó Mateos.

En el operativo de aseguramiento de los productos ilegales dos personas fueron detenidas y presentadas ante el juez correspondiente.

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