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El gobierno de México expresó su profunda decepción por la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de no presentar cargos penales en contra de los tres agentes del Departamento de Policía de la ciudad de Pasco, Washington, presuntamente responsables de la muerte del mexicano Antonio Zambrano Montes, el 10 de febrero de 2015.

“Sin la posibilidad de que un jurado valore si los agentes del Departamento de Policía tuvieron la intención de violar el derecho constitucional del señor Zambrano a la vida e integridad física, la percepción de impunidad y falta de transparencia seguirá vulnerando la relación de confianza que debe imperar entre las corporaciones policiacas y las minorías en sus comunidades”, declaró la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.

La Cancillería mexicana, por conducto de su Embajada en Estados Unidos “y respetuosa de la legislación estadounidense”, informó que continuará dando seguimiento a este asunto ante el Departamento de Justicia para externar su preocupación por la recurrencia de casos en los que no se da oportunidad para que, ante una Corte, se deslinden las responsabilidades de miembros de corporaciones policiacas acusados por las muertes de mexicanos.

En el caso de Antonio Zambrano, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Washington concluyó que no existía evidencia suficiente para probar que los agentes de policía involucrados actuaron de manera deliberada y con la intención de ejercer la fuerza de manera desproporcionada al disparar en múltiples ocasiones contra el señor Zambrano.

El gobierno de México, por medio de su embajada y su red consular en Estados Unidos, continuará desplegando todas las acciones a su alcance para garantizar la defensa de los mexicanos que residen en ese país, independientemente de su situación migratoria, destacó la Cancillería mexicana al fijar su posición en torno a esta resolución judicial.

Acusan brutalidad policial. La muerte de Antonio Zambrano Montes, un inmigrante de Michoacán, prendió la indignación de la comunidad en Pasco, ubicada a unas tres horas de la ciudad de Seattle. El mexicano era un trabajador agrícola originario de Michoacán, quien llegó a a Estados Unidos hace 10 años.

Sus familiares acusaron un caso de brutalidad policial. La muerte de este connacional, originario del municipio de Aquila, provocó marchas de miembros de organizaciones defensoras de los derechos civiles para exigir el fin de unas prácticas policiales que, denunciaron, se han convertido en epidemia en Estados Unidos.

Esta no es la primera ocasión en que el gobierno mexicano reprocha la actuación de las autoridades de ese país, en torno a la muerte de connacionales a manos de agentes policiacos de diversas corporaciones.

En febrero de 2014, por ejemplo, la SRE expuso que desde 2010 y hasta esa fecha sumaban 20 los casos en los que el uso de la fuerza letal por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza terminaron en el deceso de un mexicano, por lo que se demandó que esta situación cambie.

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