El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) desclasificó nueve peritajes de la PGR - reservados por 12 años- y que se encuentran en la averiguación previa 74/UEIDAPLE/DA/18/2011, abierta por presuntos delitos ambientales en la construcción de viviendas sobre terrenos contaminados con metales pesados en Ecatepec, Estado de México.

La Procuraduría General de la República señaló la imposibilidad de dar la información por guardar la reserva de averiguaciones previas y para no divulgar datos confidenciales de servidores públicos.

En alegatos, la dependencia dijo que no se había autorizado el ejercicio de la acción penal en la averiguación previa, pero reconoció la existencia de nueve peritajes, sin embargo, reiteró que no era procedente entregar versión pública de éstos porque no había transcurrido un plazo igual al de la prescripción de los delitos investigados.

En el análisis del expediente, se advirtió que la averiguación previa fue concluida con el no ejercicio de la acción penal, como resultado de la falta de datos que hubieran dado lugar a la comisión de ilícitos de carácter ambiental.

El recurso de revisión fue turnado a la ponencia de la comisionada Areli Cano, que determinó que no es procedente la clasificación de información, por lo que se estima que las documentales solicitadas son susceptibles de entregarse en versión pública, protegiendo la información confidencial y reservada que pudiera obrar en ellas.

Explicó que es esas versiones se deberá proteger el nombre y firma de los peritos, porque “personas con interés en la obtención de resultados distintos a los que obran en los dictámenes correspondientes pueden atentar en contra de su vida y seguridad, incluso de las familias”.

Recordó que el párrafo cuarto del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales prevé que al dictarse el no ejercicio penal, no es necesario esperar a que transcurra algún plazo para su publicidad, pues no se afecta diligencia alguna de la autoridad en razón de que no hay conducta ilícita a perseguir.

Así el pleno del INAI revocó la respuesta de la PGR y le instruyó a entregar versión pública de los nueve dictámenes periciales, protegiendo el nombre y firma del perito oficial; del Agente del Ministerio Público solicitante del peritaje, su domicilio particular y el nombre del denunciante en la averiguación previa.

afcl

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