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Para garantizar a la población indígena el acceso a la justicia agraria, la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI) y el Tribunal Superior Agrario firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el respeto a los derechos de este sector, que representa 10% de la población.

El acuerdo suscrito comprende cursos de capacitación y actualización en materia agraria para mediadores culturales o defensores en lenguas indígenas; el establecimiento de mecanismos para garantizar el acceso a la justicia agraria de este sector de la población; la difusión de medios alternativos para solucionar conflictos agrarios; así como compartir información sobre municipios y localidades que necesiten atención.

“La justicia agraria debe proteger sitios y lugares sagrados y sobre todo debe proteger la propiedad de los pueblos y comunidades indígenas. Este convenio abre el paradigma de una justicia agraria con perspectiva intercultural”, expresó Nuvia Mayorga, titular de la CDI.

La funcionaria detalló que los tribunales agrarios deben ser “parteaguas” en la administración de justicia de los pueblos indígenas para que se garantice el “pluralismo jurídico”, mediante la convivencia del sistema jurídico y de los sistemas normativos de este sector de la población.

Mayorga Delgado comentó que se han capacitado a 198 abogadas y abogados indígenas bilingües en materia penal, agraria, electoral, así como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conformándose de esta forma el Padrón de Abogados Indígenas Bilingües.

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