Vive con escolta desde hace meses, cuatro policías federales ministeriales hacen turnos de a dos para protegerla. Su casa es un pequeño centro de monitoreo, con cámaras de seguridad a la entrada, en la puerta del garaje, en el patio, con alambre de púas en las bardas, con cerraduras nuevas. La vida de la señora Julia -nombre ficticio para proteger su identidad- ha cambiado por completo.

Hace justo un año su hija moría baleada en una bodega a medio construir en una comunidad rural del municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Ella lo presenció.

Permaneció callada los tres primeros meses. Leyó en internet la versión que daba la Secretaría de la Defensa Nacional: "A las 5:30 horas del 30 de junio de 2014, personal militar perteneciente al 102 Batallón de Infantería adscrito a la 22 Zona Militar, al realizar reconocimientos terrestres, a inmediaciones del poblado de Cuadrilla Nueva, municipio de Tlatlaya, México, ubicó una bodega que se encontraba custodiada por personas armadas, mismas que al percatarse de la presencia de las tropas abrieron fuego, por lo que el personal castrense repelió dicha agresión. Con motivo de estos hechos, resultó herido un soldado y fallecieron 22 presuntos agresores...".

En septiembre, la encontramos. Y contó lo que había visto. Dijo que presuntamente los militares habían disparado a la mayoría de los civiles después de rendirse, que no todos habían muerto durante la balacera. Que ella había llegado a la bodega buscando a su hija, Érika de 15 años, desaparecida desde febrero. Que sabía que estaba allí porque por la mañana la había llamado. Que estando en la bodega, los civiles armados desconfiaron y le ordenaron que se retirara a una esquina. Entonces llegaron los militares... Ha pasado un año de todo aquello y Julia, aunque a veces lo oculta y se muestra tranquila, siente todavía el dolor de ver a su hija muriendo a pocos metros.

"Me quitaron parte de mi corazón, ahora estoy seca en vida. Te arrancan algo de tu vida... Se siente feo que te quiten a alguien".

Pide justicia y que se celebre el juicio civil de una vez, igual que ayer lo hiciera en estas mismas páginas el secretario de la Defensa Nacional, el general de brigada Salvador Cienfuegos. "Si tuviera enfrente a los militares les diría que digan la verdad, que por qué los mataron, que por qué lo hicieron. Más que nada quiero justicia, la verdad". Entrevistada en la zona de Tierra Caliente de Guerrero, la mujer pide además que se investigue adecuadamente a los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) implicados en el caso.

"Que se haga justicia también para los de Toluca, porque también nos dieron maltrato ahí, un trato inhumano. Yo les decía que mi hija estaba muerta y ellos se estaban riendo".

Habla en plural porque se refiere también a las otras dos testigos del caso, Cinthia Estefany Nava López, Patricia Campos Morales, que cuentan, en esencia, versiones parecidas a la que cuenta Julia. Respecto al trato inhumano, Julia alude presuntas vejaciones y amenazas a las que fueron sometidas por los funcionarios de la PGJEM en Toluca, después de lo ocurrido en la bodega, documentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación 51/2014.

Por último, la mujer lamenta la enorme cantidad de rumores surgidos tras las declaraciones del presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, Jaime Rochín, que en mayo calculaba ante los medios de "70 a 80 millones de pesos" en indemnizaciones para las víctimas. Julia critica que sus palabras han generado la idea en la zona de que ella ha recibido varios millones de pesos como indemnización. "Se han dicho muchas cosas, de no sé cuantos millones de pesos que yo no tengo, pero a mí no me han dado nada. Yo no tengo nada y da miedo que la levanten a una".

No es sólo Julia, las palabras de Rochín causaron también revuelo en Tierra Caliente y familiares de varios de los muertos en la bodega se preguntan qué hay de eso. Los familiares de uno de los fallecidos, Tomás Domínguez Flores, considerado supuesta víctima de homicidio por la PGR, no saben nada de las indemnizaciones.

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