La Procuraduría General de la República (PGR) acusó a las 25 personas detenidas durante la jornada electoral del pasado 7 de junio, en el estado de Oaxaca, del delito de terrorismo y violación a la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos.

El Ministerio Público de la Federación presentó como pruebas el uso de artefactos de fabricación casera, bombas molotov, para acusar a los detenidos el 7 junio, por elementos de seguridad pública de la entidad.

Los detenidos, según las investigaciones realizadas por el gobierno federal, pertenecen al Frente Popular Revolucionario (FPR).

Trece de las personas fueron trasladadas al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) en El Rincón, en Tepic, Nayarit; mientras que 12 fueron ingresadas al Cefereso en Aldama, en el estado de Veracruz.

Según la causa penal radicada en el juzgado Tercero de Distrito en Oaxaca, las personas fueron detenidas el pasado fin de semana por elementos de la policía de tránsito durante los operativos realizados en coordinación con autoridades estatales, para después ser puestos a disposición de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) de la entidad.

“Dichas personas dijeron pertenecer a una organización política, y tenían en su poder, al momento de su detención, 25 artefactos explosivos, 12 cohetones, dos bolsas con piedras, nueve armas punzocortantes, tres mascarillas para gas tóxico, seis tubos de varios tamaños y otros objetos”, informó la procuraduría.

A través de un comunicado, dijo que entre los detenidos se encuentra Javier Aluz Mancera, a quien el FPR reconoce como dirigente regional de la organización, y quien ha encabezado diferentes bloqueos y movilizaciones en el Ist-mo de Tehuantepec, la liberación de sus integrantes, presos en varios penales de municipios oaxaqueños.

Otra de las personas aseguradas es José Alberto Raymundo García, integrante de la dirigencia de la CNTE en Tuxtepec, así como secretario de créditos del magisterio disidente.

También se encuentra Roque Coca Gómez, simpatizante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), quien fue internado en 2006 en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Nayarit.

En aquel momento fue capturado por la extinta Policía Federal Preventiva (PFP), en las inmediaciones de la colonia Estrella, y puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado quien lo acusó de los delitos de sedición, delincuencia organizada, asociación delictuosa y daños por incendio. Sin embargo, ninguno de los delitos le fue comprobado, por lo que obtuvo su libertad.

El FPR reconoce que los detenidos forman parte de su movimiento y asegura, que estos fueron capturados luego de participar en la marcha de pies cansados convocada en la región de Valles Centrales en Oaxaca, por parte de la sección 22 de la CNTE.

La organización exige la liberación de sus compañeros, ya que del contrario, amenazó, con realizar acciones para conseguirlo. “Responsabilizamos al gobierno federal y a Gabino Cué junto con su gobierno de cualquier agresión que puedan sufrir nuestros compañeros en las mazmorras en donde los mantiene presos, a su vez los emplazamos a que los liberen de manera inmediata de lo contrario nos reservamos el derecho de accionar para lograr su liberación”, menciona uno de los comunicados emitidos el pasado domingo.

Google News

Noticias según tus intereses