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La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que el caso de la extradición del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, podría llegar hasta la Corte Suprema de Panamá si el requerido por las autoridades mexicanas interpone un incidente de objeción.

Luego de que un tribunal de apelaciones de ese país ordenó el formal arresto de Borge Angulo en tanto se resuelve su situación, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que en caso de allanarse a la extradición se aceleraría el proceso para ser entregado.

Mencionó que la solicitud formal de repatriación corresponde a cuatro causas penales, una del fuero federal, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y las tres del fuero común, por los delitos de peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.

Señaló que durante la audiencia la Fiscalía Superior de Asuntos Jurídicos de Panamá solicitó al Tribunal Superior de Panamá que señale a la Cancillería de ese país que tendrá un plazo máximo de 60 días para resolver la procedencia de la extradición.

Una vez que la Cancillería emita su resolución, el reclamado tendrá 15 días para interponer incidente de objeción, el cual conocerá la Corte Suprema, misma que tendrá que resolver en un plazo máximo de 5 días.

Gobierno panameño decidirá. Un tribunal panameño transfirió al gobierno de Panamá, por intermedio de su Cancillería, la decisión todavía apelable de aceptar o denegar en 60 días la extradición a México del político Roberto Borge Angulo, negó la opción de libertad con pago de una fianza, ordenó que continúe preso en una cárcel cercana a esta capital y otorgó validez a los argumentos legales del reclamo mexicano para someterle a la justicia en su país.

El fallo fue dictado ayer a las 17:23 horas locales (mismo tiempo del centro de México) por el Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá, tras una audiencia que empezó a las 16:30, cuando esa instancia se pronunció sobre la petición general de la extradición del político a México y del pedido de la defensa de liberarle mediante fianza.

Al reconocer que México cumplió con los pasos legales de la extradición, el magistrado Mauricio Marín, presidente del Tribunal, determinó que será la Cancillería de Panamá el que “decida si concede o no la extradición”.

Tras advertir la falta de arraigo de Borge en Panamá, le negó la petición de libertad con fianza, ratificó que siga preso en El Renacer, prisión de las afueras de esta capital, y declaró su arresto por tres supuestos delitos estatales en Quintana Roo con órdenes de captura de la ciudad de Chetumal: aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de función pública que habría cometido como gobernador de ese estado, entre 2011 y 2016.

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