Contra corrupción no basta mano de hierro: Chaurand

No basta una mano de hierro, se debe prevenir; contra “peces gordos” se aplicará irrestrictamente la ley, asegura el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurand Arzate
Carlos Chaurand Arzate Magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (FOTO: ARCHIVO EL UNIVERSAL)
14/08/2017
03:20
Alberto Morales
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Contra corrupción no basta mano de hierro: Chaurand

No basta una mano de hierro, se debe prevenir; contra “peces gordos” se aplicará irrestrictamente la ley, asegura el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurand Arzate

 

En el combate al flagelo de la corrupción no basta una mano de hierro o sanciones ejemplares, sino una conducta y una cultura que nos lleve a que ya no exista esa sanción, afirma el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Carlos Chaurand Arzate.

El tribunal es una de las partes importantes en el Sistema Nacional Anticorrupción, junto con otras instancias como el Inai, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.

“El que se sancione de manera ejemplar a un funcionario, no evitará que otros lo puedan hacer. Evitaremos esa inercia de corrupción que se tiene desde hace mucho tiempo a través de acciones concretas, sí, pero a través de programas de prevención. No basta una mano de hierro sino una conducta y una cultura que nos lleve a que ya no exista la sanción, porque nos comportamos bien”, asegura en entrevista con EL UNIVERSAL.

El magistrado presidente del TFJA señala que si bien faltan acciones “político-legislativas”, como el nombramiento del fiscal anticorrupción y los 18 magistrados en la materia, el SNA está en pleno funcionamiento porque fue diseñado para operar supliendo esas ausencias.

“Ese el caso concreto de nuestro tribunal, con la creación de esta sala auxiliar mixta que hemos hecho, que podrá conocer de los asuntos que se puedan presentar en el transcurso de la vigencia de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”, relata sobre las acciones que tomaron para poder enfrentar la entrada en vigor del sistema.

Sobre la polémica en torno a los perfiles que el presidente Enrique Peña Nieto propuso al Senado para magistrados anticorrupción, tres para la Sala Superior y 15 paras las salas regionales, el magistrado Carlos Chaurand considera que hay que darles el beneficio de la duda, al tiempo que señala que “químicamente” no hay personas puras.

“Yo concedería el beneficio de la duda a todos los propuestos. Por un lado se ha hablado que algunos pudieran haber tenido alguna filiación política o haber trabajado en una actividad que directamente se relaciona con algunos partidos políticos, al respecto dudo que haya químicamente gente pura”.

Chaurand Arzate, licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, con estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca, España, considera que los primeros expedientes que revisará el Tribunal pudieran presentarse en enero del próximo año.

Entre las ventajas de la nueva ley, dice, está el “candado” para asegurar su efectividad, pues ahora el tribunal puede regresarle a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o a la Secretaría de la Función Pública (SFP), los expedientes contra servidores públicos o particulares por faltas graves administrativas mal fundamentados.

Con la ley anterior hasta 50% de los casos “se caían”, en ocasiones porque no se respetaba el debido proceso.

Problema complejo.

¿Cómo arrancó el SNA?

— Es un instrumento útil y valioso con el que contará la sociedad y el propio Estado para hacer frente al flagelo de la corrupción. Sin lugar a dudas, las acciones coordinadas entre los diversos entes que componen el sistema, las dependencias de la administración pública, los órganos autónomos, aunado a la participación ciudadana, tendrán que dar propuestas al propio Estado para combatir la corrupción.

Este trabajo no necesariamente reflejará sus frutos de manera inmediata, es una labor cuyos principales frutos los habremos de ver reflejados en el mediano y largo plazo. La corrupción es un fenómeno que se da en muchas de las esferas que componen la vida cotidiana; la encontramos en la calle, en oficinas gubernamentales, en gran y pequeña escala; en la policía, en los inspectores, en los asignadores de obra, en funcionarios de muchos y muy diversos niveles, es un problema complejo, la solución no es fácil, no es sencilla, será una solución compleja.

¿En una década veremos frutos?

— Espero que sea menor a una década, yo diría que los primeros resultados los vamos a empezar a palpar en estos primeros cinco años de arranque y ya resultados más tangibles en una década, con una pequeña acotación: no quiere decir que no vaya a haber algunos resultados, pero algunos aislados será el evitar la repetición de conductas.

El que se sancione de manera ejemplar a un funcionario no evitará que otros lo puedan hacer. Evitaremos esa inercia de corrupción que se tiene desde hace mucho tiempo a través de acciones concretas, sí, pero a través de programas de prevención. No basta una mano de hierro sino una conducta y una cultura que nos lleve a que ya no exista la sanción, porque nos comportamos bien.

¿El SNA nació cojo, sin fiscal anticorrupción y magistrados en la materia?

— Si bien es cierto que faltan algunas acciones de carácter político-legislativas, también es cierto que la ley previó algunos mecanismos que pudieran venir a suplir estas ausencias. En el caso concreto de nuestro tribunal, con la creación de esta sala auxiliar mixta que hemos hecho, que podrá conocer de los asuntos que se puedan presentar en el transcurso de la vigencia de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Preparados para todo.

¿Pero esto tendría consecuencias legales?

—Sin lugar a dudas es un tema discutible desde el punto de vista jurídico, pero será un tema discutible que irá construyendo el andamiaje para poder saber dónde estamos situados.

Esto es, si el día de mañana esta sala auxiliar en sus facultades legales establecidas en la nueva ley orgánica del Tribunal fueran impugnadas, será el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte, el que nos diga si tenemos la razón o no, si teníamos o no la competencia para hacerlo, pero en un momento dado es preferible el tener ese riesgo de que prospere un juicio de amparo a denegar justicia y no aplicar la ley.

¿Legalmente están preparados?

—Nosotros estamos preparados, legalmente cumpliendo con nuestra función, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que en el ámbito que le corresponde al tribunal como institución, con una autonomía constitucional, podamos hacer frente al problema.

¿Pero sin duda hacen falta estas piezas en el SNA?

—Sin duda hacen falta los nombramientos, en este momento creo que no vamos a tener un número muy considerable de asuntos, porque tendrán que ir integrándose las carpetas de investigación a través de las auditorías y a través de una serie de procedimientos administrativos tanto de la ASF como de la SFP, de los Órganos Internos de Control, para que una vez integrada esa investigación, la puedan hacer llegar al tribunal y nosotros estemos en condiciones de poder realizar el procedimiento sancionador previsto en la ley.

Creo que los primeros expedientes como tal pudieran presentarse en enero del próximo año, pero no estamos exentos de que algunos se presenten en este lapso de tiempo y debíamos tener una salida que los pudiera atender, esperamos que se puedan lograr los acuerdos en la Cámara de Senadores para que se puedan nombrar la tercera sección y las cinco salas regionales.

La oposición y las organizaciones civiles se han pronunciado porque esos perfiles no cumplen con los requisitos de ley, ¿lo comparte?

—Yo concedería el beneficio de la duda a todos los propuestos. Por un lado se ha hablado que algunos pudieran haber tenido alguna filiación política o haber trabajado en una actividad que directamente se relaciona con algunos partidos políticos, al respecto dudo que haya químicamente gente pura, todos tenemos mínimamente una simpatía a una corriente filosófica, política o económica determinada que nos hace que nos encasillen en un área.

Nosotros los examinamos a diario, son magistrados y secretarios de acuerdo que diario emiten resoluciones que es revisada por tres magistrados, cinco u 11 magistrados en el caso de la Sala Superior, que se analizaron sus números; cuántos proyectos, amparos, cuántos recursos, cualquier persona que abra la página del tribunal podrá ver quiénes son nuestros propuestos.

Los que vienen del exterior, alguna razón debió tener el Ejecutivo para proponerlos, yo creo que son gente, en términos generales, que ha realizado algunas actividades relacionadas con el tema de las responsabilidades, pero a través de los nuevos mecanismos de parlamento abierto, de la evaluación a los perfiles el Senado habrá de determinar si cumplen o no cumplen los requisitos que la ley exige.

¿Cuáles son las nuevas competencias del Tribunal?

—Primero, imponer las sanciones de las faltas graves que así consideren los órganos internos de control y la ASF; una vez que ellos integren la investigación y nos turnen el expediente, lo primero que haremos es calificar si la falta es grave, y en caso de que de la investigación no se desprendan los elementos suficientes, regresarlo a la autoridad para que complemente los elementos de prueba.

¿Es un candado para que no se evada el ejercicio de la ley?

—Sí, creo que parcialmente tiene esa intencionalidad, el establecimiento de este mecanismo para que no haya excusa y mañana el tribunal no diga: ‘No sanciono al servidor fulano porque la carpeta de investigación viene mal sustentada’ o ‘No se acompañaron las probanzas necesarias’. En palabras coloquiales, el tribunal podrá decir a la autoridad ‘cuidado, me falta esto’ para tener un criterio objetivo y poder aplicar la ley en sus términos.

¿Cuál es la expectativa real del Sistema Anticorrupción?

—El sistema en sí no va a resolver el problema de corrupción de la noche a la mañana. El primer objetivo es que a través de una coordinación de las entidades involucradas se puedan hacer las recomendaciones al Estado para evitar actos de corrupción. A través de esas recomendaciones, estrategias, cambio de actitudes, de cultura, se busca que los funcionarios públicos y todo el Estado trabajemos en armonía sin necesidad de estarlos sancionando.

¿Caerán ahora sí “peces gordos”?

—Eso habrá que preguntárselo a la SFP, a la ASF o todos los ciudadanos que están obligados a denunciar, pero sin lugar a dudas nosotros, cuando nos llegasen a presentar algún caso de esta gente que el ambiente cotidiano califica como “peces gordos”, se aplicará irrestrictamente la ley.

¿Con la pasada ley sancionaban a muchos servidores públicos?

—Nuestra actuación en materia de responsabilidades administrativas en servidores públicos significa 6% de nuestro inventario global, sin embargo, debemos considerar que no sancionábamos, sino que únicamente revisábamos el procedimiento sancionador… Con la nueva competencia impondremos sanciones a las faltas administrativas graves, esto incrementará nuestro quehacer en 50%.

¿Cuál es el porcentaje de casos que se le caen a la ASF o a la SFP ante los tribunales?

—Aproximadamente es de 50% que tienen éxito y el restante no. En muchos de los casos [esto se debe] a cuestiones de forma, de que los inspectores no se identificaron plenamente, que no están bien fundamentados. Vivimos en un Estado de derecho y hay un debido proceso que no es exclusivo al acto jurisdiccional, sino también a los actos administrativos, si ese acto que realiza la autoridad está mal fundado o motivado, el asunto se cae, porque somos un tribunal de verdad.
 

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