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El primer aviso de la desgracia en el Paso Exprés ocurrió el 18 de junio de este año con la formación de un primer socavón a un costado del muro de contención, con dirección a la Ciudad de México. El hundimiento fue de casi 15 metros del nivel de la carpeta asfáltica y alcanzó los 80 metros cúbicos, derivado de la ruptura del tubo de la red hidráulica de aguas residuales y pluviales, perteneciente a la barranca de Santo Cristo.

Protección Civil de Cuernavaca envió un oficio a la Dirección General del Centro SCT Morelos para urgir su intervención.

Nueve meses antes, en octubre de 2016, también se produjo un deslave a la altura del kilómetro 93+850, junto al socavón, y la Comisión Estatal del Agua entregó a la SCT Morelos recomendaciones del estudio hidrológico e hidráulico de la barranca y alcantarilla pluvial que cruza la vía.

Protección Civil de Morelos considera en un informe oficial que esos elementos anunciaron una oquedad mayor, pero las autoridades federales desoyeron las recomendaciones.

Así, consigna la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, se reconoce que el Paso Exprés responde al esfuerzo del gobierno federal por generar un crecimiento en el desarrollo social y económico de Morelos, pero el costo han sido “cuantiosas pérdidas de vidas humanas, personas lesionadas y un número indeterminado de daños materiales, además de generar un malestar social entre las y los habitantes colindantes con esta obra”, cita.

Desde noviembre de 2014, cuando comenzó su construcción, el Paso lleva alrededor de 100 accidentes viales, 23 muertos y decenas de lesionados por los choques y volcaduras en sus carriles.

Derechos Humanos precisa en un informe que tiene cuatro expedientes contra la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT) por los conceptos de violación a los derechos al libre tránsito, derecho a la propiedad privada, derecho de petición, a la seguridad personal y jurídica y por las omisiones de la autoridad de dar cumplimiento a convenios realizados con los vecinos colindantes de esta obra.

Uno de esos cuatro expedientes, CDHM/SE/DQO/39/148/2017-3, fue iniciado por las irregularidades detectadas por los habitantes de la zona donde se presentó el socavón que cobró la vida de Juan Mena López y Juan Mena Romero.


La fatídica madrugada. Padre e hijo salieron de su casa en el municipio de Emiliano Zapata alrededor de las 5:00 horas a bordo de su auto compacto y enfilaron hacia la autopista Cuernavaca-Acapulco, con dirección a la Ciudad de México, para después incorporarse al tramo conocido como Paso Exprés.

Sus amigos y familiares estiman que el auto en que viajaban cayó en el socavón de aproximadamente cinco metros de diámetro, entre las 5:15 y 5:20 horas de ese 12 de julio.

Un informe oficial arroja que alrededor de las 7:50 horas el socavón se extendió en amplitud y profundidad, provocando caída de fragmentos de concreto sobre el área en donde se encontraba el auto, y eso sumó mayor peso sobre el vehículo, causándole mayor hundimiento.

A las 9:45 y a las 10:40 horas se registraron otros dos colapsos que ampliaron el socavón a 10 metros de diámetro aproximadamente.

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