CNDH emite recomendación tras riña en penal de Acapulco

La Comisión también señaló que la subsistencia de condiciones que pueden derivar en tortura o maltrato a los reos también están presentes en los penales de Chilpancingo, Chilapa de Álvarez, Iguala y Taxco
AFP
12/07/2017
13:26
Astrid Sánchez
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo la investigación de los hechos violentos ocurridos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Acapulco, Guerrero, donde fallecieron 28 personas y emitió una recomendación para cinco centros de reclusión de Guerrero.

A través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) la CNDH emitió la recomendación 2/2017 al gobernador Héctor Astudillo por la subsistencia de condiciones que pueden derivar en tortura o maltrato a las personas privadas de la libertad en los penales de Acapulco, Chilpancingo, Chilapa de Álvarez, Iguala y Taxco.

Estas situaciones, señala la CNDH, derivaron en los hechos violentos donde hubo varios decesos y muchos internos resultaron heridos.

Personal de la CNDH ya se encuentra en el penal de Acapulco realizando diligencias del caso.

El MNPT detectó en estos centros de internamiento la existencia de condiciones de autogobierno, la insuficiencia de personal y falta de capacitación al mismo, sobrepoblación y hacinamiento, cobros indebidos y áreas de privilegio, falta de espacios exclusivos para mujeres, deficiencia en la atención médica, instalaciones en malas condiciones de mantenimiento, inadecuada higiene, insuficiente suministro de alimentos o de mala calidad, e irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias.

El MNPT emitió anteriormente dos informes: uno en agosto de 2016 y el otro en mayo de 2017 para impulsar acciones que mejoren estas condiciones, como el acondicionamiento de instalaciones apropiadas, la dotación a los internos de alimentación adecuada y la atención del problema de la sobrepoblación y hacinamiento.

Estas recomendaciones también sugieren tener establecimientos específicos para mujeres y eliminar las condiciones de autogobierno, así como llevar a cabo programas de prevención y atención de la violencia; reglamentar adecuadamente la imposición de sanciones disciplinarias; mejorar las condiciones que permitan el acceso al derecho a la protección de la salud óptimamente y armonizar su normatividad, de conformidad con las legislaciones nacional e internacional vigentes y con los estándares existentes.

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