Mitad de las prisiones, con autogobierno, alerta CNDH

Organismo afirma que en 2016 se registraron 694 riñas en 131 cárceles; jueces frenan traslado de reos peligrosos a centros de máxima seguridad, acusa
(FOTO: ARCHIVO EL UNIVERSAL)
09/06/2017
03:00
Dennis A. García, Enviado
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El 50% de los centros de reclusión de los estados visitados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2016 eran controlados por grupos antagónicos de internos relacionados con el crimen organizado. Hace un año se registraron 694 riñas y cinco motines.

La calificación que la CNDH da a los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) fue de 7.21, mientras que para las prisiones militares fue de 7.95.

“Nadie puede decir que el sistema penitenciario en México sea bueno”, afirmó Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora de la CNDH.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 dice que los Ceresos peor calificados fueron los de Nayarit, con 4.37; Guerrero, 4.39; Hidalgo, 4.62; Quintana Roo, 4.69; Tamaulipas, 4.95; Oaxaca, 5.25; Tabasco, 5.30; Chiapas, 5.38; Nuevo León, 5.46; Baja California Sur, 5.75, y Sinaloa, 5.88.

Villanueva Castilleja enfatizó: “Uno de los graves problemas en el sistema de justicia es que los jueces frenan el traslado de internos de alta peligrosidad a centros de máxima seguridad, lo que genera parte del autogobierno en las prisiones”. Mencionó: “El sistema en México tiene una grave deficiencia en la clasificación de perfiles internos. Además, no se toma en cuenta la normatividad internacional que dice que para que una cárcel opere bien no debe pasar de mil internos y en México hay centros hasta para 2 mil presos”.

El diagnóstico se realizó sobre una muestra de 131 espacios estatales, 42 municipales, 19 federales y tres prisiones militares, de un total de 392 centros a nivel nacional, con lo que se abarcó una población de 211 mil 982 personas que representan 87.73% de la población total.

El documento resalta que de las 131 prisiones, 66 presentan autogobierno y se encuentran en Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas

En el caso especial de Tamaulipas, en la lista se incluye el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, donde hace un par de días se registró un motín. Los internos dispararon contra policías que intentaban tomar el control del lugar.

Otra de las problemáticas es que en 57 sitios supervisados se detectó hacinamiento, con áreas que rebasan de manera importante su capacidad, por ejemplo, en zonas donde deben convivir cuatro personas, se encuentran hasta 30.

También se informó que en 50 prisiones estatales hay sobrepoblación: en Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

Los de peor promedio fueron el Centro Regional de Reinserción Social Chilpancingo de los Bravo, en Guerrero, con 3.91 de calificación; en Oaxaca, la Penitenciaría Central del Estado, con 4.11; el Centro de Reinserción Social Benito Juárez, en Quintana Roo, que alcanzó un promedio de 4.17; el Centro de Reinserción Social de Actopan, en Hidalgo, con 4.18; el Centro de Rehabilitación Social Venustiano Carranza, en Nayarit, con 4.37.

Le sigue el Centro de Reinserción Social Taxco de Alarcón y el Centro Regional de Reinserción Social Iguala, con 4.39 y 4.48, respectivamente; el Centro de Readaptación de Ciudad Victoria, en Tamaulipas, con 4.50. En Hidalgo están las cárceles de Tula de Allende y de Tulancingo, con 4.63 y 4.65, respectivamente, según el informe.

En el rubro de incidentes, el documento de la CNDH detalla que en los centros de reclusión estatal se registraron 85 homicidios, 24 suicidios, 694 riñas, cinco motines, 361 desórdenes y 81 abusos. Los motines ocurrieron en Baja California Sur, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León y Sonora.

Los de Sonora son los que tuvieron más riñas al registrarse 195; le siguen Nuevo León, con 78; Chihuahua, 61; Querétaro, 56; Tlaxcala, 54, y Baja California Sur, 36. El 70% de las peleas ocurrió en el área de dormitorios, 20% fue en áreas diversas y 10% se dio en el patio.

Los altercados se dieron por diferencias personales, agresión, motivos patrimoniales, estrés, extorsión, desigualdad de condiciones, abuso sexual y consumo de bebidas alcohólicas. “Son situaciones que se han visto reflejadas en las prisiones”, declaró Ruth Villanueva.

“Se tienen que revisar las reglas Mandela, nos estamos alejando de esos lineamientos y si no tomamos el punto de vista de lo que ha sido reflejado, estudiado y analizado, corremos el riesgo de utilizar perfiles inadecuados”, advirtió Villanueva Castilleja.

El centro federal con la nota más baja fue el Cefereso número 9, en Chihuahua, con 6.17, mientras que el Centro Federal de Readaptación Social Aserradero, en Islas Marías, fue el mejor evaluado, con 8.61.

La prisión castrense en la Tercera Región Militar, en Mazatlán, obtuvo 7.63 de calificación; la de la Quinta Región Militar de La Mojonera, en Zapopan, Jalisco, obtuvo 7.85, y el centro en la Primera Región Militar Campo Militar número 1, de la Ciudad de México, fue calificada con 8.38.

A nivel municipal el problema principal fue que hacen falta actividades laborales, separación entre procesados y sentenciados, falta de áreas médicas y medicinas, hacinamiento, deficiencias en la alimentación, falta de capacitación de personal penitenciario y se detectaron lugares insalubres en áreas de cocina y comedores.

Las cárceles locales peor evaluadas fueron las de Nayarit, con 1.40; Hidalgo tuvo una nota de 2.78; Jalisco, 3.57; Tabasco, 3.94; Chiapas, 4.12; Nuevo León, 4.52; Puebla, 5.24, y Quintana Roo, 5.69.

“Resultado de este trabajo, la CNDH comprobó la persistencia de sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno y cogobierno, falta de prevención y atención de incidentes violentos en los centros estatales, así como anomalías en la separación entre procesados y sentenciados, condiciones materiales, equipamiento e higiene en áreas de dormitorios, sancionados, sujetos a protección, cocina y comedores, y la falta de personal de seguridad y custodia”, dijo Villanueva Castilleja.

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