Guatemala define extradición de Duarte este mes

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El gobierno guatemalteco llevará a cabo este mes la audiencia para definir si aprueba o no la extradición del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa a México.

Julia Barrera, portavoz del Ministerio Público de Guatemala, informó a EL UNIVERSAL que tienen hasta el 14 de junio para trasladar la solicitud formal de extradición del ex mandatario al Tribunal Quinto de Sentencia Penal, encargado de conocer este proceso.

“El plazo para México vencía el próximo 14 de junio, como ellos ya hicieron llegar la documentación, el Ministerio Público debe remitirlo al tribunal antes de esa fecha”, informó la vocera guatemalteca.

El Ministerio Público de Guatemala recibió este 7 de junio la solicitud enviada por México y se encuentra en proceso de revisión para corroborar que cumpla con todos los requisitos que señala el tratado.

Los estatutos del convenio de extradición entre ambas naciones establecen que una vez que el tribunal reciba la documentación, esta instancia tiene no menos de 10 y no más de 15 días para realizar la audiencia para resolver si la declaran procedente o improcedente.

En caso de que se apruebe la entrega ese mismo día, durante la audiencia, Javier Duarte tendrá que decidir si se allana (acepta ser enviado a México) o si apelará la decisión del juez.

En la primera audiencia, en la que se le informó el motivo de su detención provisional con fines de extradición, no se allanó a la entrega, bajo el argumento de que debía conocer primero la solicitud formal de extradición.

La Ley Reguladora del Proceso de Extradición entre México y Guatemala señala que la defensa de Duarte y el mismo ex mandatario ya deben conocer los documentos que envió México a las autoridades guatemaltecas.

“Desde el momento en que se le haga saber la causa que motivó su detención, el requerido y su defensor podrán obtener copias simples de la solicitud y de la documentación presentada por el Estado requirente, así como de cualquier otro documento disponible relacionado con el procedimiento de extradición, dejándose razón en el expediente”, señala la ley.

Después de que el juez emita la resolución, Javier Duarte tendrá tres días para apelar, de lo contrario la sentencia de extradición será ejecutada.

“El recurso de apelación se interpondrá por escrito, dentro del término de tres días, con expresa indicación del motivo en que se funda y bajo sanción de inadmisibilidad. Otorgada la apelación, y hechas las notificaciones, se elevarán las actuaciones originales, a más tardar, a la primera hora laborable del día siguiente.

“Vencido el plazo para hacer uso del recurso de apelación, la resolución del Tribunal de Primera Instancia queda firme y ejecutoriada”, destaca la legislación guatemalteca.

Esta es la única oportunidad que tendrá para apelar el ex priísta, pues la decisión de la sala de la Corte de Apelaciones no admite más recursos.

La solicitud que envió México, a través de la Cancillería se basa en la orden de aprehensión librada por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado) y en dos órdenes solicitadas por la Fiscalía General de Veracruz y libradas por la juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Xalapa, Veracruz, por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.

Javier Duarte fue detenido el pasado 15 de abril en el complejo La Riviera de Atitlán, municipio de Panajachel, Departamento de Sololá, en Guatemala, luego de estar medio año prófugo.

Autoridades mexicanas lo solicitan para ser juzgado por el presunto desvío de recursos del erario a través de una red de corrupción que creó con empresas fantasma para recibir y reinvertir el dinero en bienes e inmuebles.

Javier Duarte de Ochoa fue gobernador de Veracruz por el PRI del 1 de diciembre de 2010 al 12 de octubre de 2016, cuando solicitó licencia “para enfrentar los cargos en su contra” y ese fue el último día de su aparición en público.

En México fue buscado por el Gabinete de Seguridad compuesto por elementos del Ejército, la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Federal, la Agencia de Investigación Criminal y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

La Interpol publicó una notificación roja de búsqueda, localización y detención aplicable en 190 países que forman la organización.

Para agilizar la búsqueda, la Procuraduría General de la República emitió el 11 de noviembre de 2016 una ficha de búsqueda y ofreció una recompensa de 15 millones de pesos a quien proporcione información veraz y útil que ayudara a la localización y detención del ex mandatario.