Duarte de Ochoa, convencido de ser perseguido político

El próximo martes el tribunal decide si aprueba extradición; defensor percibe poco alcance jurídico en cargos federales
Carlos Velásquez Domínguez, abogado de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, califica de argucias políticas las acusaciones federales contra su cliente por los delitos de crimen organizado y lavado de dinero (LUIS CORTÉS. EL UNIVERSAL)
29/06/2017
02:57
Ciudad de Guatemala
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El ex gobernador mexicano Javier Duarte de Ochoa está convencido de que las acusaciones federales por crimen organizado y lavado de dinero, planteadas en su contra por el gobierno de México para sustentar la solicitud de extradición desde Guatemala, lo convierten en un perseguido político.

Parte del alegato del ex mandatario de Veracruz sobre la connotación política del caso fue revelada por el abogado guatemalteco Carlos Velásquez Domínguez, defensor de Duarte, en una entrevista con EL UNIVERSAL.

“Nosotros estamos considerando que sí es una persecución política”, recalcó Velásquez al explicar que “eso lo vamos a poder determinar en la argumentación que presentemos” en una audiencia crucial para su defendido en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de esta capital, el próximo martes 4 de julio.

“Le hemos contado [a Duarte] que han hecho algún tipo de presión mediática cuando nosotros mandamos los comunicados que transmitimos y le contamos a él cuál es el resultado, cuáles son las respuestas que se dan”, aseguró en entrevista.

“Toda esa situación [política] la vamos a poder respaldar con el análisis que hagamos, porque puede ser muy voluminoso el expediente como lo han presentado, pero [quizás] pueda tener poco alcance jurídico”, advirtió.

Día clave. En la comparecencia del próximo martes, el tribunal decidirá si aprueba o rechaza la solicitud de México de extraditar al ex gobernador Duarte de Ochoa por los presuntos delitos federales de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y el político podrá aceptar o apelar esa decisión o, desde antes del fallo, allanarse a la extradición y aligerarla.

Al preguntar si la connotación política que advirtió Duarte hace prever que se negará a allanarse y que el trámite se prolongará más, el abogado contestó: “No, tenemos que hacer valer el debido proceso y su derecho de defensa, porque es un caso que se ha politizado directamente”.

Cuestionado sobre cómo se detectó el nexo político, explicó: “Primero lo hemos visto desde el punto de que [en el gobierno mexicano] hicieron una diferenciación para poder presentar los elementos de prueba, que tenían que exhibirse dentro del plazo de 60 días y los entregaron casi en el final, esperando que pasara algún tipo de acontecimiento político en México”.

La solicitud formal de extradición de Duarte de Ochoa fue entregada el 7 de junio pasado por la embajada mexicana a la cancillería guatemalteca, al día siguiente de que el presidente Enrique Peña Nieto concluyó una visita a Guatemala, y luego de las elecciones del 4 de este mes en el Estado de México y en otras regiones de ese país.

El político, gobernador de 2010 a 2016, fue capturado el pasado 15 de abril en el suroccidente de Guatemala, tras seis meses en fuga y a solicitud de arresto provisional para extraditables que México presentó ese día a Guatemala por los presuntos delitos cometidos en su gestión en Veracruz.

En la audiencia del 19 de abril, el político, de 43 años, se negó a ser extraditado a México y condicionó acogerse a una opción expedita de repatriación a conocer primero las pruebas que el gobierno mexicano debió aportar en el término requerido.

Dos flancos. Sobre el elemento político que será expuesto el próximo martes por la defensa, Velásquez respondió: “No quisiera anticipar, porque la parte jurídica somos nosotros y la parte política es el doctor [Duarte].

Destacó que “el factor político lo hemos estado evaluando” y recordó lo sucedido el martes pasado, cuando Duarte aceptó ser extraditado a México, pero sólo para someterse a la justicia de Veracruz por seis presuntos delitos.

El ex gobernador hizo el anuncio en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, durante una audiencia convocada por la extradición que pidió el gobierno de México basada en órdenes de captura dictadas en marzo de 2017 por un juzgado de Xalapa, Veracruz, por seis presuntos delitos estatales: dos de tráfico de influencias, incumplimiento de deber legal, abuso de autoridad, peculado y coalición.

Aunque aceptó la extradición, quedó aplazada y sujeta al veredicto del Tribunal Quinto.

Velásquez señaló diferencias entre el caso de Veracruz y el federal, “por el tipo y la magnitud del delito, porque unos [los federales] son de un impacto social más fuerte.

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