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Ante la falta de resultados de las investigaciones por el homicidio y agresiones a periodistas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) propuso a las autoridades revisar la política pública de protección.

“Para la CNDH la violencia contra periodistas y comunicadores es una forma de censura, y un desafío para la justicia que la sociedad reclama, de ahí la necesidad que se articulen y coordinen esfuerzos y capacidades para su abatimiento, pero, sobre todo, para su prevención con un compromiso real, eficiencia y dignidad”, dijo.

En un comunicado, el organismo que encabeza el ómbudsman nacional, Luis Raúl González, mencionó que en el contexto de violencia e inseguridad que se presenta en algunas regiones del país, son buenos los espacios de reflexión que han sido convocados por los propios periodistas, la academia y sociedad civil.

En esas reuniones se elaboran propuestas para propiciar un entorno más seguro y adecuado para el ejercicio periodístico que incida en la vigencia de los derechos humanos vinculados al mismo.

“La CNDH manifiesta su voluntad y compromiso para apoyar la realización de estos trabajos, así como acompañar y dar seguimiento a las propuestas y acuerdos que surjan de los mismos, reiterando su determinación de no permitir que los casos de las y los periodistas víctimas de homicidio queden en la impunidad, lo que es indispensable para prevenir la violencia en su contra”, indicó.

En ese sentido, informó que apoya la convocatoria emitida por “Agenda De Periodistas” (agendadeperiodistas.mx), en la que están inscritos comunicadores para las mesas de discusión que se realizarán hasta mañana en la Ciudad de México.

En el Palacio Postal, donde será el encuentro, se abordarán temas como el riesgo, atención en casos críticos y respuestas inmediatas; alternativas para combatir la impunidad; organizaciones sociales y vías para fortalecerlas; solidaridad gremial y derechos laborales; reacciones de seguridad pública y el significado social de las agresiones contra periodistas.

“Para la CNDH, la urgencia en atender los problemas no debe llevar a la precipitación o a oportunismos que generen soluciones parciales e inadecuadas; toda política pública o acción que se genere, si aspira a ser efectiva debe tomar en consideración la opinión de las víctimas y de los propios periodistas y defensores de derechos humanos, quienes requieren mucho más que medidas paliativas mediante declaraciones formales o estructuras burocráticas inoperantes”, agregó.

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