Procurador: nuevo sistema penal, con graves debilidades

Fiscalías deben reforzar investigaciones, asegura Cervantes; hay que homologar modelo de procuración de justicia, dice
El procurador, al centro, se reunió con la Junta de Coordinación Política del Senado, junto con el presidente de la Conago, Graco Ramírez, para presentar un diagnóstico de la situación en las entidades del nuevo Sistema de Justicia (SENADO)
16/02/2017
02:23
ALBERTO MORALES, JUAN ARVIZU Y ASTRID SÁNCHEZ
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El procurador General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, advirtió al Senado que en la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio existen profundas debilidades a nivel de las fiscalías y procuradurías locales en materia de investigación, por lo que, dijo, se requiere contar con un modelo homologado de procuración de justicia para hacer accesibles las demandas de la ciudadanía en esa materia.

“Tenemos una profunda debilidad sobre la investigación, tendríamos que tener especialistas en los delitos de alto impacto, que estudien con las mismas materias, con la misma matrícula y buscando el mismo nivel en todo el país, para tener el mismo criterio”, expuso Cervantes Andrade.

El abogado de la Nación acudió ayer a la Junta de Coordinación Política del Senado, junto con el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Graco Ramírez, para presentar un diagnóstico sobre la situación en las entidades sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal.

Cervantes Andrade refirió que la implementación del sistema terminó el año pasado, pero es una figura que tiene que ser perfectible, porque este cambio tiene como objetivo central la solución de conflictos de manera prioritaria antes de llegar al encarcelamiento del presunto responsable.

Por ello, el titular de PGR solicitó a los senadores participar en el análisis que llevarán a cabo sobre las modificaciones que son necesarias para corregir las deficiencias del sistema.

Recordó que como presidente de la Conferencia Nacional de Procuradores propuso que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) realicen mesas de trabajo para recabar las mejores prácticas nacionales e internacionales para tener los mejores estándares de procuración de justicia.

Enumeró 10 temas que se pueden abordar en esas mesas, entre ellos, el del financiamiento del sistema procesal penal acusatorio, autonomía técnica y operativa institucional, la transición, la administración del rezago, el servicio profesional de carrera y las capacidades de investigación especializada en delitos de alto impacto.

En esas mesas, indicó, se trabajarán en cuatro piezas legislativas: Código Nacional, Ley Nacional de Medios Alternativos, Ley Nacional de Ejecuciones y Ley Nacional de Justicia para Adolescentes: “No es un tema menor que la Conago reconoce que es mejor en esta homologación que tiene virtudes de disminución de los recursos, que tiene la virtud de generar tiempos y movimientos con respecto a la presentación de las denuncias y, sobre todo, homologar, que quiere decir, tener el mismo ejercicio del derecho de acceso a la justicia a todos los mexicanos”, dijo.

Explicó que esa nueva estructura legal exige también la homologación de los proceso, de las actuaciones y, en particular, de la arquitectura de las instituciones encargadas de diseñar la nueva estrategia de justicia en el país.

Consideró que una vez que se tenga una procuración de justicia más eficiente se reducirán también los costos que actualmente genera el actual modelo, por las diferencias que hay a nivel nacional.

Indicó que en la medida que exista un mismo modelo de arquitectura institucional, para operar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, habrá mayor colaboración entre ellas e impactará en una eficaz y eficiente investigación y litigio de los casos, “permitiendo con ello que nunca más haya un auténtico inocente condenado, ni tampoco un auténtico culpable impune.

“Tenemos que insistir y generar una cultura de entender que las nuevas herramientas en materia penal no son para encarcelar, que principalmente es para solucionar el conflicto y que se retorne la paz antes del conflicto, y que para lo cual se dieron elementos e instrumentos constitucionales y legales para medios alternativos, criterios de oportunidad, juicios abreviados, se manejaron varias figuras que no han sido utilizadas al 100% y ahí se ve una ventana de oportunidad muy importante”.

El procurador recordó a los legisladores que en 2014 se hizo el Código Nacional de Procedimientos Penales y tres leyes federales, una de medios alternativos, una de ejecución de penas y otra con respecto a justicia para adolescentes, para homologar la actuación de los impartidores de justicia en todo el país.

“¿Qué significa esto? Que va a presentarse la denuncia de la misma forma, con los mismos estándares. Debemos de buscar tener los mismos estándares y esto nos puede reducir tiempos y costos”.

Hizo un llamado para que se generen políticas públicas de criterios de oportunidad y se avance en la cultura de resolución, que tome en cuenta cuál es el concepto sobre la víctima y cuál es la reparación del daño.

En su oportunidad, el gobernador de Morelos y presidente en turno de la Conago, Graco Ramírez, coincidió en la necesidad de fortalecer a las procuradurías y fiscalías estatales, porque existen debilidades en la parte de servicios periciales, por la falta de condiciones técnicas y de inversión.

“La parte acusatoria tiene grandes debilidades, lo que nos puede generar un problema serio por esas deficiencias. Necesitamos fortalecer las procuradurías y fiscalías especiales”.

Expresó que todos esos puntos serán tomados en cuenta para construir un gran acuerdo nacional que permita legislar al respecto, como lo plantea el procurador general, con una homologación de las fortalezas de lo que debe ser el sistema acusatorio a nivel federal y acordar el fortalecimiento económico y financiero.

Ramírez Abreu aseguró que así como se crearon tribunales para el nuevo Sistema de Justicia Penal, se requiere fortalecer la parte acusatoria con tecnología y mecanismos que permitan garantizar el debido proceso.

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