En su momento alertamos que si se entregaba Pemex a las empresas petroleras extranjeras, el resultado sería un desastre para el país. De 2000 a 2012, nuestra empresa petrolera le dio a México 687 mil millones de dólares. Una de cada tres escuelas, uno de cada tres hospitales y una de cada tres carreteras se han construido con dinero del petróleo. Cerca de 40% del presupuesto nacional salía de Pemex.

Enrique Peña Nieto, llamándose así mismo un Lázaro Cárdenas del siglo XXI, le ofreció al país que a cambio de la entrega de la gallina de los huevos de oro: Pemex, el pueblo recibiría “espejitos”, es decir, gasolina barata, y al final ni esto cumplió, como también advertimos que pasaría. El supuesto Lázaro Cárdenas del siglo XXI acabó convertido en el Antonio López de Santa Anna de nuestra era.

Así las cosas, el brutal aumento a la gasolina decretado a partir del 1 de enero de 2017 desató la indignación del pueblo y a partir de esta fecha, diversas protestas se sucedieron convocadas fundamentalmente mediante las redes sociales y es notorio que en todas las convocatorias se llamaba a realizar acciones no violentas.

Curiosamente, conforme aumentaba la intensidad de las protestas y de la inconformidad popular, empezaron a aparecer acciones violentas y saqueos que desviaron la atención y la intención de las protestas contra el llamado gasolinazo.

Sostengo que es el gobierno el generador de la violencia y los saqueos. En cuanto a la violencia, basta ver los videos de la represión desatada por la Policía Federal en diversos puntos del país, mismos que han dejado cinco asesinados por las mal llamadas fuerzas del orden. En torno a los saqueos, han aparecido testimonios de gente pagada para realizar estos disturbios. Sobre los rumores que siembran el terror entre la población, poco se ha dicho y es un tema que merece un capítulo aparte y que también es promovido desde el Estado.

La represión —que no es otra cosa que la violencia desatada desde la cobardía del poder público, desde la comodidad de las oficinas gubernamentales— se encubre bajo el eufemismo de enfrentamientos entre la población y la Policía Federal. El pueblo se manifiesta de manera pacífica y enfrenta con las manos desnudas a las tanquetas, garrotes y armas de fuego. A la defensa de la gente, con lo que tenga a mano, los medios y el gobierno le llaman enfrentamiento; sin embargo, los muertos los pone siempre el pueblo, sean estos del pueblo llano o del uniformado.

En este marco visité Ixmiquilpan, de donde dos de los asesinados, jóvenes de 22 y 23 años eran originarios. En una multitudinaria asamblea realizada la mañana del 8 de enero les propuse a los pobladores una acción muy radical. Me dijeron que estaban dispuestos a realizarla y aquí la comento. Les plantee que cuando regresara la Policía Federal o el Ejército disfrazado de ésta, no respondieran, que se sentaran en el piso y ahí aguantaran sentados la embestida de la brutalidad policiaca. Les manifesté que el sentarse en el piso no evitaba la agresión, pero dejaba claro que no había enfrentamiento alguno sino simple y brutal represión y que, esa represión terminaría siendo una derrota política para el gobierno. No podrían encubrir su violencia brutal con el eufemismo de que se habían dado enfrentamientos.

Les comenté que eso se denominaba desobediencia civil no violenta. Que la desobediencia civil es ilegal, pública, consciente y no violenta, y busca frustrar las leyes, políticas o decisiones de un gobierno. Que nosotros con la desobediencia civil no violenta deberíamos buscar más allá de ésto y que, deberíamos lograr la renuncia de Enrique Peña Nieto.

Adicional a lo anterior, les propuse que acudieran a la gasolinera y al cargar combustible no pagarán los impuestos correspondientes, explicándoles con detalle cómo llevar a cabo esta acción que seguía siendo ilegal, pública, no violenta y consciente. Que con ello enfrentábamos la ofensiva de manera central, al evitar la recaudación que el gobierno pretende hacer con impuestos ocultos en las gasolinas. Que nuestra medida tendría un impacto mayor si lográbamos generalizarla y que al igual que con las protestas que se estaban realizando, se corría el riesgo de perder la libertad, pero muy difícilmente de perder la vida.

Les propuse que la medida más fuerte que podríamos desarrollar era parar todo. Les convoqué a que el 5 de febrero que se cumplen 100 años de la Constitución surgida de la Revolución, paráramos todo durante dos días. Que la gente no fuera a trabajar, no saliera de compras, no viera televisión, y de esta manera presionara para lograr la renuncia de Peña Nieto.

Omití comentar que durante la asamblea la gente me pidió que practicáramos la desobediencia y a un llamado mío, todos nos sentamos en el piso. Fue un momento verdaderamente conmovedor y de una fuerza enorme de la gente.

No tengo duda de que la rebelión que se ha alzado en el país no podrá ser detenida con la represión gubernamental, pero tengo muy claro que hay dos caminos para realizarla: con violencia o sin violencia. Yo estoy convencido de que el camino menos cruento y que más favorece a nuestro pueblo es el de la no violencia. Seguiré insistiendo en éste.

Por lo pronto, acudiré a cargar gasolina y no pagaré el impuesto correspondiente y seguiré promoviendo que la gente pare todo el próximo 5 y 6 de febrero, consciente de que la renuncia de Peña Nieto no es suficiente para cambiar las cosas en el país, pero es, un paso necesario.

“El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz”.

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