Ejército debe dejar tareas policiales, dicen ONG

Se requiere un marco jurídico para las Fuerzas Armadas; se debe considerar regresarlos a los cuarteles, afirman
La labor de seguridad pública constitucionalmente corresponde a las autoridades civiles, no a los soldados, señalan expertos (ARCHIVO EL UNIVERSAL)
12/12/2016
02:23
Astrid Sánchez
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Intelectuales y un centenar de organizaciones civiles no gubernamentales se pronunciaron en contra de las iniciativas legislativas que pretenden normalizar las tareas del Ejército en las calles.

Durante la discusión en la Cámara de Diputados de la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la declaración de Estado de emergencia o de excepción dictada por el ejecutivo para atender casos de perturbación grave de la paz pública, las ONGs emitieron un comunicado donde se posicionaron en contra de que los militares continúen realizando las labores que corresponden a la policía.

“Se pretende normalizar lo que en cualquier democracia sería una excepción: el involucramiento del Ejército en tareas de seguridad pública, desde patrullaje, detenciones hasta la investigación del delito”, señalaron.

Destaca que si bien se requiere un marco jurídico para las Fuerzas Armadas, no se debería realizar la propuesta de que estos elementos permanezcan en las calles, sino considerar el hecho de regresarlos a los cuarteles.

“Cualquier propuesta de regulación del ejército debe retomar las recomendaciones que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México e ir orientada a regresar a los soldados a sus cuarteles, de forma paulatina y responsable. Debe además ir acompañada por una Ley que regule el uso de la fuerza y establezca mecanismos institucionales para fiscalizarla”.

El comunicado señala que la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, a punto de aprobarse en la Cámara de Diputados, permite al Estado declarar situaciones de emergencia que vulnerarían los derechos humanos de la población.

Los firmantes aseguran que la iniciativa incluye definiciones laxas para justificar la declaratoria de Estado de excepción. “La ley, además, no establece un tiempo máximo de duración para la suspensión y permite su prórroga y modificación de los alcances, aún antes de concluir el periodo original.

“Esto crea incentivos para maximizar, no minimizar el uso de la medida. El hecho de que el Congreso pueda extender los poderes extraordinarios del Ejecutivo mientras éste goza de poderes extraordinarios, es riesgoso”, destaca el documento.

Organizaciones como Causa en Común, Artículo 19, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), México Unido Contra la Delincuencia, y el director de cine Diego López Rivera y la defensora de los derechos humanos, Carolina Pimentel, entre otros, firmaron el documento dirigido a la Cámara de Diputados. En él se destaca que a 10 años del inicio de la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, se han acumulado más de 200 mil homicidios, más de 28 mil personas desaparecidas y hay cientos de miles de personas desplazadas de sus hogares.

Condenan la dependencia del Ejército para realizar funciones de seguridad pública, “que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles”.

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