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Elementos de la Policía Federal y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron a Víctor Hugo “N”, quien es investigado por pertenecer al grupo de Los Tilos, identificado por el gobierno federal como brazo armado de Guerreros Unidos.

Las investigaciones realizadas por el gobierno federal indican que la organización de Los Tilos está relacionado con la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en septiembre de 2014.

Víctor Hugo “N”, de 37 años de edad, quien tiene dos órdenes de aprehensión en su contra, la primera girada por el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de contra la salud, y otra por el Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Guerrero por el delito de delincuencia organizada.

Fue detenido a partir de un seguimiento de inteligencia por varios meses, en el cual se detectó que disminuía su círculo de seguridad para internarse en un hospital en la colonia Vistahermosa de la capital del estado de Morelos.

Fuentes de la Policía Federal mencionaron que fue capturado sin realizar disparos cuando fue dado de alta. Luego fue trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).

Las autoridades consultadas explicaron que con la captura se completa la desarticulación del círculo de mando de los seis hermanos: Osiel “N”, Reynaldo “N”, Salvador “N”, Mateo “N”, y Orbelín “N”, quienes son investigados por los delitos de trasiego de droga, extorsión, y secuestro en los municipios de Iguala y Cocula, Guerrero”, explicaron las fuentes consultadas.

El aseguramiento de Víctor Hugo “N” se suma a las más de 100 detenciones que la Procuraduría General de la República (PGR) ha concretado en contra de personas investigadas por la desaparición de los estudiantes el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala.

Las pesquisas realizadas por las autoridades indican que los alumnos fueron privados de la libertad por un grupo de policías de los municipios de Iguala y Cocula cuando se trasladaban en autobuses.

Los elementos de seguridad, según la versión oficial de la PGR, entregaron a los estudiantes normalistas a la organización criminal Guerreros Unidos, grupo que los privó de la vida y los calcinó en un basurero ubicado en Cocula, Guerrero.

Los padres de los estudiantes solicitaron el apoyo de organismos internacionales, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió a un grupo de expertos, que afirmó que en las investigaciones se presentaron inconsistencias por parte de las autoridades.

Una de ellas es que el Ministerio Público omitió los protocolos de investigación en las inmediaciones del río San Juan, donde fueron localizadas bolsas con restos óseos, entre ellos, los de uno de los alumnos.

Al culminar su participación en las pesquisas, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), hizo una recomendación al gobierno federal para que se establecieran nuevos protocolos de búsqueda.

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