La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), firmó el  Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres que fue elaborado a propuesta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) junto al Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

A través de un comunicado, la PGR explicó que el propósito del Protocolo es permitir a todos los servidores públicos de esa institución y de la Fepade en particular, una fácil identificación de actos o agresiones que se puedan calificar y abordar como casos de violencia política contra las mujeres, los cuales van desde obligarlas a competir en distritos y alcaldías en los que no tienen posibilidades de ganar una elección, el uso de frases denigrantes en contra de las mujeres hasta el asesinato de la víctima para evitar que acceda a un cargo de elección popular.

Por ello, el Protocolo también contempla medidas concretas que impidan mayores daños a las víctimas, esquemas de atención que mejoren la coordinación entre las instituciones que son competentes para sancionar y atender este problema, incluyendo la propia PGR, y servir de guía para que las autoridades de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) sepan cómo responder ante las denuncias de violencia política en contra de las féminas.

La PGR agregó que el Protocolo de Actuación para sus servidores públicos reconoce que a pesar del avance de las leyes para lograr la equidad de género entre hombres y mujeres, persisten los obstáculos para que las segundas puedan ejercer sus derechos político-electorales de manera plena y completamente libre.

La dependencia agregó que el Protocolo se elaboró cumpliendo con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y que su puesta en operación “responde a la ausencia de un marco normativo integral y de políticas concretas” cuando se presentan casos de violencia política en contra de las mujeres.

De acuerdo con el Protocolo, si la Fepade tiene conocimiento de casos de violencia política que lastimen la equidad de género, deberá valorar si se trata de un asunto de competencia para admitirlo; si no le corresponde, deberá acompañar y orientar a las víctimas hasta que sea admitido por otra dependencia.

En caso de lo haya admitido, deberá planear y monitorear el caso a través de la Dirección de Averiguaciones Previas en caso de que se trate de un expediente que se deba llevar a través del sistema de justicia inquisitivo o mediante la Dirección del nuevo sistema procesal penal cuando corresponda a acusaciones fincadas en el nuevo sistema oral acusatorio.

Además, la Fepade tendrá que informar a la propia PGR y al Instituto Nacional Electoral (INE) de la admisión del caso, con el propósito de que ambas instancias generan una estadística sobre el problema.

Cuando la violencia política contra las mujeres se refiera a propaganda político-electoral ofensiva o denigratoria en contra de las mujeres, la FEPADE integrará las averiguaciones previas o carpetas de investigación correspondientes y dará vista tanto al INE como al TEPJF, e incluso a los tribunales electorales locales, para que estos actúen en razón de sus facultades y ordenen el retiro del material discriminatorio.

Si los casos de violencia de género se presentan fuera la Ciudad de México, donde la Fepade puede tomar competencia directa, estos se canalizarán a la delegación o subdelegación de la PGR que corresponde a la entidad federativa, pero con la obligación de que las denuncias se reciban y se atiendan de inmediato.

“Ello, sin perjuicio del traslado de las y los agentes del Ministerio Público Federal especializado para dar seguimiento a la denuncia e integrar la averiguación previa o carpeta de investigación”, explicó la PGR.

tpc

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