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El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, pidió llevar a “juicio público” a Joaquín El Chapo Guzmán, a fin de que el delincuente señale la red de vínculos que lo empoderó como uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo.

El legislador demandó además el desmantelamiento del Cártel de Sinaloa.

Consideró como “una comedia” poner en el centro de atención a actores que tenían el propósito de filmar una película biográfica del criminal, “cuando lo que nos debe interesar es conocer los vínculos que un hombre tan poderoso crea a su alrededor”.

Barbosa Huerta aclaró que se opone a una extradición apresurada de Guzmán Loera, aunque todo apunta a que la entrega será concedida; dijo que él preferiría que su envío a Estados Unidos se haga cuando haya sido juzgado en México.

Con todo, “ la captura de Joaquín Guzmán Loera debe tener como consecuencia el desmantelamiento y destrucción de su organización criminal, y para ello se deben conocer las relaciones de complicidad que le permitieron su ascenso delincuencial”, dijo Barbosa.

Sin duda, Guzmán Loera se ha relacionado con “segmentos del poder público y del poder económico del país, dijo, sólo así se puede entender el tamaño del poder que ha alcanzado”.

El coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado, en declaraciones sobre la detención del narcotraficante, reiteró que Guzmán Loera “cante” en declaraciones ante un juez sobre su red de complicidades, indispensable para que funcione una organización con tanta fuerza como la suya, misma que inclusive operó desde prisión.

“Que primero sea juzgado y sentenciado en México, y una vez que eso ocurra que se hable de extradición, no antes de conocer qué información da”, planteó el perredista, quien está en desacuerdo con la Procuraduría General de la República, que señala disposición a la entrega del delincuente a EU.

Barbosa vio “una urgencia de parte del gobierno federal para poder acelerar el proceso de extradición, que así está decidido llevarse a cabo”.

Contrario a dicha posibilidad, dijo que “el Estado mexicano debiera acreditar que es capaz de hacer cumplir la ley, tanto en un enjuiciamiento como en ejecución de una sentencia”.

Si el capo es extraditado, dijo, “ya no va a haber forma de conocer todo lo que se ha dicho del poder que tiene Guzmán”.

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