“Delincuencia organizada, parte de ilícitos ambientales”

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La falta de un marco normativo que vincule los delitos ambientales con la delincuencia organizada ha impedido una actuación efectiva del Estado contra traficantes de flora y fauna, afirmó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El director general de Delitos contra el Ambiente y Litigio del órgano, Israel Alvarado, planteó la necesidad de impulsar una reforma legal para considerar algunas expresiones de los crímenes contra el ambiente como delincuencia organizada, ya que esta figura permite el uso de mecanismos como el rastreo electrónico, las intervenciones telefónicas, las operaciones encubiertas y los usuarios simulados.

En su participación en la Conferencia Regional de Aplicación de la Ley: delitos contra la vida silvestre y los bosques en las Américas, el funcionario reconoció que se requiere de “voluntad política” de los estados para dar atención similar a ilícitos como el tráfico de estupefacientes y acopio de armas.

Pidió tomar en cuenta que en el tráfico de especies se usan los mismos insumos e incluso las mismas rutas que en el trasiego de drogas y armas. Planteó la posibilidad de que las ganancias derivadas del tráfico de especies de vida silvestre y maderas se determinen como lavado de dinero.

En su oportunidad, Kodjo Attisso, integrante del Instituto de Basilea sobre Gobernanza, destacó la importancia de la investigación financiera como herramienta para perseguir los delitos contra la vida silvestre y los bosques. Resaltó que se deben redoblar los esfuerzos para sancionar a los criminales ambientales, pero también para congelar y confiscar los bienes producto de sus delitos.

Adrián Reuter, especialista en comercio de vida silvestre, sugirió a México acelerar el paso para contar con herramientas efectivas de identificación de especies, en especial aves enlistadas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

El titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, señaló que 70% de la madera que circula en México proviene de la tala clandestina.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Interpol destacaron en su informe de 2014: La crisis del crimen medioambiental, que los delitos contra la flora y la fauna terminan siendo la “caja chica” de grupos armados y terroristas, ya que les dan dinero para actividades ilícitas.

En el documento se reveló que los delitos ambientales, como la tala y caza ilegal, el tráfico de especies y las minas clandestinas aportan hasta 213 mil millones anuales al financiamiento de las organizaciones criminales.