Enjuician a 3 empleados por fuga de El Chapo

Presuntamente dieron datos logísticos al capo para escapar.Libres, cuatro monitoristas; PGR no probó su acusación
La Procuraduría General de la República analiza el fallo del Poder Judicial para determinar si apela ante tribunales la liberación de los custodios, quienes fueron consignados el 17 de julio pasado. (ARCHIVO EL UNIVERSAL)
25/07/2015
02:38
Juan Omar Fierro y Silvia Otero
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Un juez federal dictó auto de formal prisión en contra del jefe de supervisores del Centro de Control para la vigilancia del penal federal El Altiplano y dos custodios más por incurrir en conductas que favorecieron la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán de ese centro penitenciario, además de que presuntamente le proporcionaron datos estratégicos y logísticos para su evasión.

La resolución dictada la madrugada del viernes por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, sujeta a juicio penal al supervisor y a los dos custodios por evasión de reo en la modalidad de ayudar a un proceso por delitos contra la salud, ilícito que se castiga con penas que van de los siete a los 15 años de prisión, agravado por el carácter de servidores públicos de los ahora procesados.

El juzgador federal también dictó auto de libertad bajo reservas de ley para los cuatro monitoristas que fueron consignados por la fuga del capo, con el argumento de que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha presentado hasta el momento pruebas suficientes de que hayan colaborado con el líder del Cártel de Sinaloa en su evasión.

Ante esta última determinación, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que indaga este caso, comenzó el análisis a detalle de la resolución judicial, con el propósito de que se pueda presentar un recurso de apelación que permita revocar la libertad concedida a los cuatro monitoristas, dos de los cuales laboraban al interior del centro penitenciario y dos más adscritos al Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen).

De acuerdo con declaraciones del propio comisionado Nacional de Seguridad (CNS), los monitoristas tardaron un minuto en reportar la desaparición de Joaquín Guzmán Loera de las cámaras de videovigilancia, pero ninguno reportó que se ponía calcetines y zapatos para entrar a la zona de regaderas.

En su resolución, el juzgador concluyó que la PGR probó el delito de evasión de reo en contra de los tres imputados, por lo que existían datos suficientes para iniciar el juicio penal en contra del jefe de supervisores del Centro de Control penitenciario, Vicente Flores Hernández, y de los dos custodios, Juan Ignacio Cuarenta Orozco y Esteban Estrada Ramírez.

En el fallo judicial, se señala que en el caso de Flores Hernández sus declaraciones ministeriales y judiciales contenían varias incongruencias, además de que presuntamente incurrió en dilaciones para alertar al resto de las autoridades penitenciarias de la ausencia y fuga de Guzmán Loera, lo que se pudo comprobar con diversos datos de prueba que aportó la PGR.

Derivado de ambos elementos, se pudo acreditar que como encargado del Centro de Control del Monitoreo del penal “intencionalmente favoreció la evasión, a título de probable”.

Por lo que se refiere a los custodios, Estrada Ramírez y Cuarenta Orozco, la PGR pudo acreditar ante el juzgador federal que el sábado 11 de julio, a las 20:52 horas, cuando se reportó la ausencia de Joaquín El Chapo Guzmán, no contestaron el teléfono del módulo penitenciario conocido como Tratamientos Especiales, conducta injustificada con la que también contribuyeron a la evasión del capo.

“Sobre el delito de evasión, se estableció que la forma de fuga de Guzmán Loera indicaba que le fueron proporcionados datos estratégicos y logísticos de la penitenciaría, y que la construcción de un túnel altamente sofisticado en un centro penitenciario de máxima seguridad permitía afirmar que funcionarios públicos propiciaron y favorecieron al evasor”, detalla el fallo que los sujeta a juicio.

Los tres están internados en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12 “CPS”, en el municipio de Ocampo, Guanajuato, desde el 17 de julio, fecha en que fueron consignados y en que se libró la orden de aprehensión del Juzgado Cuarto con sede en Toluca, Estado de México.

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